Defensoría del Pueblo señala que la pandemia y los niveles de pobreza en Colombia han facilitado el reclutamiento de menores en el país
Recientemente, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 2020 registró 83 casos de reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de grupos armados ilegales en Colombia de los cuales el 33% de las víctimas de este flagelo eran menores de 14 años. Para este año, según la misma entidad, ya se han emitido cinco alerta tempranas sobre la materia. Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, habló con El Espectador sobre qué se esta haciendo desde la entidad para evitar que más niños sigan siendo reclutados, además de entregar un panorama sobre los desplazamientos en el país, y otros temas coyunturales como el bombardeo en Guaviare que cobró la vida de una menor de edad.
Frente al reclutamiento de menores en el país, el defensor del Pueblo detalló al medio que en las alertas tempranas que han emitido sobre la materia para este año advirtieron que en total son nueve regiones las que tienen un mayor riesgo sobre ese fenómeno: Antioquia, Urabá, Chocó, Cauca, Valle, Tumaco, Bolívar, Meta y Norte de Santander, hecho que según explicó esta directamente relacionado con el narcotráfico y con el deseo de estas organizaciones armadas ilegales de expandir sus filas para ampliar sus actividades delictivas.
Camargo, además añadió al diario bogotano que durante este 2021, los efectos económicos y sociales que trajo consigo la crisis sanitaria causada por el covid-19, han sido otro factor que ha incrementando el riesgo de reclutamiento armado en menores, en especial de zonas rurales, donde la disminución de ingresos, y la inasistencia de los mismos a las instituciones educativas contribuyen a que los grupos armados se aprovechen la situación para enlistar en sus filas a niños, niñas y jóvenes.
“El confinamiento preventivo, aunado al empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal y a la falta de oportunidades que implica la recesión económica, facilitan que los grupos armados organizados (GAO) desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables.”, explicó el defensor del Pueblo al mismo medio.
Frente a ese panorama, El Espectador señaló a Camargo que pese a que la Defensoría del Pueblo emitía alertas tempranas sobre el tema, daba la impresión que el reclutamiento armado de menores en el país parecía ser un flagelo que pese a las advertencias importaban poco a las entidades de seguridad. Al respecto, el defensor del Pueblo aseguró que desde la Defensoría y demás organismos, este era un fenómeno al cual se le daba prioridad y atención con el fin de prevenirlo.
“A toda la institucionalidad le importa este fenómeno. A la fecha no hemos encontrado indiferencia por parte de ningún estamento público ante los hechos de violencia que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, confiamos en la existencia de una conciencia institucional clara sobre la necesidad de combatir sin descanso este fenómeno.”, señaló Camargo a El Espectador.
De esa manera, en su diálogo con el medio, el funcionario encargado de la Defensoría del Pueblo, detalló que desde la entidad, por ejemplo, este año se había puesto en marcha la Estrategia de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños y Niñas por parte de Grupos Armados, con el fin de poner en marcha acciones que no solo contribuyan a prevenir ese fenómeno, sino con las que además se pueda brindar atención a los menores que hayan sido víctima de este flagelo.
El defensor del Pueblo, además destacó al medio que de la mano con esa estrategia, desde la entidad se trabaja en el fortalecimiento de las alerta tempranas para así generar acciones a corto y mediano plazo que permitan prevenir y proteger a los menores que se encuentran en amenaza por el reclutamiento armado en el país.
Por ello, desde este 2021 hasta el 2023 se pondrá en marcha la estrategia “La Ruta por los Derechos”, a través de la cual se busca “desde el enfoque integral y diferencial mencionado, contribuir a enfrentar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad advertidas en las alertas tempranas y que causan violaciones a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.”, explicó Camargo al medio.
“La instrumentalización de niños y niñas debe ser condenada en el país”: defensor del Pueblo sobre el bombardeo en Guaviare
En la línea sobre el reclutamiento de menores de edad en el país, el diario bogotano cuestionó al defensor Camargo sobre su posición respecto al bombardeo que realizó el Ejército el pasado 2 de marzo contra el grupo guerrillero de alias Gentil Duarte, en el municipio de Calamar en el departamento del Guaviare en el que hasta el momento se confirmó que una menor de 16 años falleció.
“La instrumentalización de niños y niñas por parte de grupos armados organizados debe ser condenada por el país, y la comunidad internacional está llamada a apoyar los esfuerzos del país para prevenirlo y sancionar a los responsables.”, manifestó el defensor del Pueblo a El Espectador, quien además añadió que el Estado debe encargarse de tomar acciones con el fin de evitar el reclutamiento de menores en Colombia y proteger sus vidas.
Camargo, así mismo indicó al medio que en esa misma línea, el Gobierno Nacional tampoco puede “suavizar o debilitar” las acciones institucionales frente a esos grupos armados que causan ese flagelo en el país, pues lo único que se haría es poner en riesgo a muchos más niños, niñas y adolescentes.
Tocando el tema, el medio aprovechó también para preguntar al Defensor del Pueblo, sobre la opinión que tenía respecto a que el ministro de Defensa, Diego Molano, se hubiera referido a los menores de edad que combaten en los grupos armados como “máquinas de guerra”.
Como respuesta, el defensor Camargo, indicó al mismo medio que “la niñez y la juventud colombiana deben ser protegidas y sus derechos garantizados con la prevalencia que les otorga la Constitución.”, y que por ello, desde el Estado debían tomarse acciones en contra de quienes instrumentalizan a los menores con fines criminales.
En el primer bimestre de 2021, 4.157 familias han sido desplazadas en Colombia
En su diálogo con El Espectador, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también habló sobre el desplazamiento forzado en el país, otro flagelo que también viene azotando a Colombia en lo que va corrido del año. Según informó el funcionario al medio, para este primer bimestre de 2021 ya se han reportado 31 eventos de desplazamientos en el país, lo que equivale a que 4.157 familias han tenido que abandonar sus territorios, es decir, que ha habido un aumento del 72 % de este fenómeno, respecto al año anterior.
Según detalló Camargo al mismo medio, las regiones del país que se han visto afectadas por el desplazamiento son: Antioquia (Bajo Cauca, Norte y Nordeste), Chocó (Medio Atrato, Alto, Medio y Bajo Baudó, Bajo Atrato y Bajo San Juan), Valle del Cauca (Buenaventura), Cauca (Argelia y Norte del Cauca), Nariño (costa Pacífica), Córdoba (sur de Córdoba) y Norte de Santander (Catatumbo).
Al respecto, el defensor del Pueblo, puntualizó al diario bogotano que desde la organización se encuentran tomando todas las acciones pertinentes para prevenir, atender y restablecer los derechos de quienes han sido víctimas de ese flagelo en Colombia.
Frente a las amenazas de los defensores de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, el defensor Camargo aseguró a El Espectador que “mientras haya un solo líder social en riesgo, hay más por hacer”, por lo que desde la entidad han puesto en marcha la estrategia “Estamos Contigo”, con el objetivo de llevar a acabo acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para garantizar la vida y seguridad de los líderes y defensores en el país.
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