Cuando tenía 14 años, cuatro hombres armados llegaron a su casa y la reclutaron. No tuvo tiempo ni siquiera de despedirse de su familia, ni de llevar nada con ella. Se fue, obligada, solo con lo que tenía puesto. En la guerrilla la hicieron usar inyecciones para planificar, sin embargo, unos años después tuvo un embarazo producto de una relación consentida. Ella quería ser mamá, así que pidió autorización para salir de las filas, pero se encontró con un rotundo no. Le dijeron que “en las Farc no se podía tener hijos” y la forzaron a abortar. Los daños a su salud mental y física por este procedimiento quirúrgico, que le fue practicado de manera insalubre, persisten hasta el día de hoy.
A pesar de todo lo que le pasó, Helena se propuso luchar por la verdad, justicia y reparación que merece, y nos dejó acompañarla en ese camino. Tratamos por todos los medios de que obtuviera la atención en salud que necesitaba y que se le reconociera como víctima del conflicto armado colombiano. Tras muchas respuestas negativas, no fue sino hasta cuando su caso llegó a la Corte Constitucional, que por fin obtuvo el reconocimiento que tanto había buscado.
En diciembre de 2019, el alto tribunal reconoció, en un caso emblemático, que Helena debía ser reparada por la Unidad de Víctimas. Este es el primer precedente judicial en Colombia que reconoce que las víctimas de reclutamiento forzado y de violencia reproductiva, como abortos y anticoncepción forzada, tienen derecho a recibir una reparación integral, como lo establece la Ley de Víctimas. Sin embargo, Helena sigue encontrando barreras. La Unidad de Víctimas no ha cumplido con las órdenes que le dio la Corte hace dos años y, en lugar de reparar a las víctimas, el Gobierno justifica ataques contra niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado.
Esto es muy grave porque el caso de Helena no es aislado. Son todavía muchas las niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutadas y de sufrir violencia reproductiva. Entre el 2017 y 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 108 alertas tempranas sobre riesgo de reclutamiento infantil. Según datos de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), el año pasado se registraron alrededor de 79 casos de reclutamiento forzado en todo el país debido al cierre de los colegios en el marco de la pandemia por de COVID-19, de la presencia de actores armados y de la crisis humanitaria que enfrenta el país.
El Estado debe prevenir el reclutamiento y, al mismo tiempo, garantizar que las víctimas puedan acceder a medidas de reparación y justicia. El caso de Helena demuestra que, a pesar de contar con una sentencia judicial a su favor, para las víctimas como ella el acceso a medidas de reparación es extremadamente limitado.
Helena y las mujeres que han pasado por situaciones similares a la de ella tienen las esperanzas puestas en el Caso 007 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano”. Esperan que sea una oportunidad para que se investigue a profundidad violaciones a sus derechos reproductivos, que van desde esterilizaciones, abortos, embarazos, anticoncepción y maternidades forzadas, hechos que suelen quedar en el olvido en los conflictos armados.
Helena arriesgó su vida y logró escapar de las filas de las Farc. Aunque hoy está recuperando los años perdidos que le robó la guerra, siente tristeza al escuchar declaraciones como las dadas por el Ministro, pues nadie mejor que ella conoce las historias que se esconden detrás del reclutamiento forzado en nuestro país.
Por: Angélica Cocomá, filósofa y abogada de Women’s Link Worldwide. Magíster en derecho del London School of Economics and Political Science
