El Gobierno decidió recurrir a la Justicia para dejar sin efecto el fallo del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley del aborto por considerar que la norma “viola la obligación internacional” de la Argentina “de proteger la vida desde la concepción” y pone “en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.
La medida que tomarán las autoridades nacionales ante esta sentencia que generó polémica y el rechazo de varias agrupaciones feministas, fue anticipada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
“El Estado Nacional apelará la decisión del Juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que además, tiene una solidez convencional inobjetable”, remarcó la funcionaria en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.
De esta manera, será el propio Poder Ejecutivo el que irá a la Justicia para intentar anular el fallo del magistrado, a través del cual se hizo lugar a un reclamo presentado por el abogado Héctor Adolfo Seri, ex candidato del partido de Aldo Rico y vinculado a la Iglesia Católica.
En su sentencia, López se ocupó de remarcar que su “condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención” en el caso y le pidió al Estado Nacional la suspensión no solo de la normativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sino también de todos los protocolos y resoluciones relacionadas “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, es decir, si la ley es inconstitucional o no.
Poco después de que se conociera la orden judicial, la delegación marplatense del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación y rechazo a la resolución” del mencionado juez.
“El magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como del ‘Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo’, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional”, explicó el organismo.
En el texto, la delegación sostuvo que “esta judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y conservadora, que atenta contra los Derechos Humanos de las personas gestantes”.
“La realidad es que luego de mucho debate y movilización, el cuerpo legislativo nacional asumió el debate, y junto a la mayoría de la sociedad, decidió reconocer el derecho a abortar. Perdida esta disputa democrática que los sectores antiderechos vayan al poder judicial a seguir allí su disputa política y social, es algo muy desalentador para el estado de derecho”, cuestionó.
Sin embargo, el INADI Mar del Plata destaco que “los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de esta ley con recursos de amparo para que sea declarada inconstitucional, vienen fracasando en todo el país”.
“Hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial), y 18 ya fueron rechazados. Nos preocupa que en nuestra ciudad se dé lugar a esta posición minoritaria y antidemocrática. Ojalá los tribunales no sigan acompañando estas iniciativas jurídicas antifeministas”, cerró el comunicado.
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