CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía del estado mexicano de Sonora aseguró el lunes que un grupo criminal asesinó a un activista defensor de los derechos de los yaquis porque quería el dinero que el grupo indígena había recaudado en bloqueos carreteros.
Tomás Rojo Valencia desapareció el 27 de mayo luego de meses de tensiones debido a los bloqueos carreteros que realizaron los yaquis en protesta contra los gasoductos, acueductos y líneas ferroviarias que se construyeron a través de su territorio sin consultarlos o beneficiarlos.
La fiscal estatal de Sonora, Claudia Contreras, dijo que Rojo Valencia había estado intentando instalar una caseta de peaje sobre la autopista principal que atraviesa el territorio yaqui a fin de recaudar fondos para su comunidad indígena.
Aparentemente el dinero fue el motivo por el que Rojo Valencia fue asesinado.
Grupos delictivos estaban “ interesados en beneficiarse ilícitamente con el cobro de cuotas en el tramo carretero”, destacó Contreras. “Tomás Rojo impulsaba una caseta de cuota que pusiera orden en el proceso de cobro y que el beneficio realmente fuera para el pueblo originario yaqui”.
El cuerpo de Rojo Valencia fue descubierto semienterrado cerca del pueblo yaqui de Vicam, indicó la fiscal. El cadáver tenía heridas de golpe contuso en la cabeza, aparentemente provocadas con un martillo encontrado a poca distancia del cuerpo.
Contreras dijo que la policía dio con el grupo delictivo después de descubrir un taller clandestino de reparación de armas de fuego aparentemente vinculado con la organización criminal. Dijo que un hombre fue arrestado bajo cargos de homicidio.
Empresarios y camioneros se han quejado de que los bloqueos realizados por los yaquis afectan seriamente el traslado de materia prima y productos de exportación, y señalaron que en ocasiones los manifestantes se han tornado abusivos o les han exigido dinero a cambio de permitirles el paso. En febrero, un camionero embistió un bloqueo carretero, atropellando a un miembro del grupo que perdió la vida.
México ha tenido un enorme problema en años recientes con los grupos de protesta que toman las casetas de peaje existentes o instalan bloqueos carreteros y cobran a los conductores para permitirles el paso. En 2020, líderes de la industria señalaron que, en un día cualquiera, los manifestantes tomaban alrededor de 20 casetas de peaje en todo el país, y calcularon que los grupos posiblemente obtuvieron alrededor de 150 millones de dólares al año.
A finales de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una ofensiva en contra de los bloqueos carreteros, utilizando a la Guardia Nacional y a la policía para retirarlos, aunque, aparentemente, no se incluyó a los bloqueos instalados por los yaquis.
López Obrador se ha trazado el objetivo de brindar justicia a los yaquis, a los que describió como el grupo indígena más perseguido de México.
Los yaquis pelearon valientemente contra la brutal campaña del gobierno mexicano para eliminar a la tribu a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, para 1900 habían sido prácticamente derrotados y el dictador Porfirio Díaz comenzó a desplazarlos de sus fértiles territorios hacia lugares menos valiosos y prácticamente en condiciones de esclavitud en haciendas remotas, incluido el estado sureño de Yucatán, en el otro extremo del país.
