Este jueves 21 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación contra el representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.
El congresista del Partido de La U fue interrogado por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, lo que provocó que se le vinculara formalmente al caso.
La investigación, que está en manos del magistrado Francisco Javier Farfán, tiene que ver con presuntas irregularidades en un contrato de obra pública del 2010, el cual suscribió cuando era secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander. El contrato tenía como objetivo el mejoramiento y mantenimiento de una vía del municipio de Arboledas.
La indagatoria se realizará el próximo 23 de noviembre, sobre las 9 de la mañana.
Cabe recordar que, en agosto de 2018 la Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema investigar a este mismo representante por su posible vinculación en casos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.
Los hechos tienen relación con las investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos del ESE Hospital de Ábrego (Norte de Santander), así como en un contrato de obra civil.
El ente investigador recopiló material probatorio que daría cuenta que el congresista le habría pedido al nuevo gerente de la ESE Hospital de Ábrego (Norte de Santander), cien millones de pesos ($100.000.000), los cuales fueron entregados en dos pagos de 50 millones de pesos, dinero que nunca le devolvió.
Asimismo los investigadores encontraron que Carrillo Mendoza presuntamente cobraba coimas del 10% y 20 % de los contratos aprobados por la ESE. También tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia de la entidad fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa.
Carrillo es el nuevo congresista de La U que investiga la Corte luego de que el pasado 25 de junio el alto tribunal condenara a Eduardo Pulgar, quien también era de ese partido político, por tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho.
La Corte explicó que Pulgar deberá pagar su condena en la cárcel por tratarse de delitos contra la administración pública y no se considerará la prisión domiciliaria. El exsenador aceptó los cargos imputados y esto redujo su pena y pasó de 106 meses (más de 8 años) a cuatro años y 10 meses. También se le inhabilitó por 63 meses y 19 días para ejercer cargos públicos en el país.
El fallo de la Sala Especial de Primera Instancia explicó que “Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias, y que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”.
El Partido de La U por su lado, luego de que se diera la captura de Pulgar, tomó la decisión de suspender de inmediato la militancia del congresista.
“El Comité de Ética del partido, de manera independiente y de acuerdo con sus funciones, viene adelantando tales investigaciones. Sin embargo, hoy luego de la detención del senador, por orden de la Corte Suprema, e igualmente basados en lo que determinan los estatutos del Partido de la Unidad, se procederá a la suspensión inmediata de la militancia del Senador Eduardo Pulgar”, indicó en un comunicado.
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