¿Hay “plan B”?: los cálculos de los gobernadores ante las negociaciones de Guzmán con el FMI
Por disputa abierta por la orientación económica o ambiciones propias, los gobernadores del peronismo empiezan a hacer escuchar su voz ante la falta de un horizonte certero de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otros, más preocupados por las finanzas locales, apoyan sin miramientos. En cualquier caso, el mensaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la descolorida foto de apoyo al presidente Alberto Fernández -con algunas ausencias, mandatarios conectados por videoconferencia y delegados provinciales- sincera un secreto a voces: la firma de un nuevo pacto con el board está distante.
¿Qué diferencia hay entre “saber” que la negociación está empantanada y explicitarlo? Lo segundo resquebraja el encantamiento, el efecto simbólico e ilusorio de que la negociación tenía un cauce de salida inminente. Cuando el velo cae, los tiempos se aceleran y los actores tienen una oportunidad de desembararse de sus viejas máscaras. La fuerte caída de los bonos argentinos y la suba del riesgo país es un indicio concreto de que las expectativas ya se mueven.
Cada gobernador fue con su caja de herramientas al encuentro de Guzmán. En una suerte de revival del default que declaró su hermano Adolfo en 2001, durante el breve interinato presidencial en pleno estallido social, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá apeló a la tradición familiar y propuso declarar como “deuda odiosa” los compromisos asumidos y llevar el reclamo a la Corte Internacional de La Haya. O bien, someterla a una consulta popular, como hizo Finlandia en medio de la crisis de las hipotecas subprime 2008. El puntano calificó la deuda como “estafa”, a pesar de ser una “verdad incómoda”, y dijo que sostenerla es “un camino equivocado que no comparto”.
La propuesta de Rodríguez Saá tuvo eco en un sector del kirchnerismo. Le reconoció su intervención la ex diputada Fernanda Vallejos, conocida por su audio con insultos hacia Alberto Fernández, y los dirigentes de la agrupación Soberanxs, que integran la ex embajadora Alicia Castro y el ex vicepresidente y ministro de Economía, Amado Boudou. En la Jefatura de Gabinete no tomaron con mucha seriedad el planteo. Ante la pregunta, una fuente cercana a Juan Manzur respondió con un emoji: 😶.
Las propuestas maximalistas aún no prenden en los gobernadores, pero algunos ya explicitan si no es momento de observar la hoja de ruta escogida. A más de dos años de inicio de gestión, la falta de resultados en la negociación más estratégica del país valida, de por sí, que se escuchen caminos alternativos. Pese a las diferencias que mantiene con el ministro de Economía, Axel Kicillof reconoció que Guzmán hizo un “gran trabajo para buscar un acuerdo en plazos más largos” y sin “sobretasas”, “cosa que el FMI no acepta”. “Y además nos piden ajuste. En ese sentido, cabe revisar la estrategia, si este es el cuadro”, planteó el gobernador bonaerense.
El ministro de Economía le respondió a Kicillof, justificando su punto de vista. “Sobre la estrategia, hay que entender cómo funcionan las relaciones de poder. Los rivales juegan”, dijo. Guzmán confirmó en la reunión que las dificultades están en algunos miembros de peso en el organismo, como Estados Unidos, que exigen una mayor velocidad en el achique del gasto público. “A veces estas cosas se alargan porque hay relaciones de poder y ese es el campo en el que nos toca negociar. Vos conocés de negociaciones”, apunto Guzmán a Kicillof.
La duda señalada por Kicillof, a viva voz aunque sin estridencias, no parece fuera de lugar, si se tiene en cuenta que que es el gobernador con mayor poder territorial del país. Por la propia historia de la provincia y la dinámica de la coalición oficialista, lo extraño sería que no marque ningún matiz con Nación.
En cualquier caso, los términos de la discusión quedaron precisados. El Gobierno planteó que rechaza los términos del FMI porque involucra un fuerte ajuste y un tarifazo en los servicios públicos para pagar los 45 mil millones de dólares de deuda externa. Lo que sigue en el Frente de Todos es cuánto recorte de déficit fiscal (o ralentización del gasto público) implica cruzar el rubicón del “ajuste”. La propuesta de Guzmán es que el rojo fiscal sea reducido gradualmente hasta llegar en 2028 en una situación de equilibrio.
Con este contexto, por el momento no parecería replicarse el tablero de operaciones de 2001, con finanzas locales incendiadas, poder político vaciado de legitimidad y un estallido popular latente. En ese momento, los gobernadores justicialistas le impusieron a Eduardo Duhalde un programa de 14 puntos para que acepte continuar las negociaciones con el FMI, aceptando las medidas sobre el déficit reclamadas por el organismo. En esa puja es que llega al ministerio de Economía Roberto Lavagna como reemplazante de Jorge Remes Lenicov.
El verborrágico Jorge Capitanich intervino también en la reunión con Guzmán. El gobernador de Chaco se alineó con el discurso oficial, aunque le dio su impronta de hipérbole. “Cada dólar que pagamos en concepto de deuda, es menos obras y menos desarrollo pero más transferencia de recursos para quienes lucran a costa de la pobreza de los pueblos”, dijo Capitanich.
En el encuentro con el ministro de Economía, el gobernador chaqueño hizo sugerencias específicas para la negociación, a las que no habría que renunciar: un plan de amortización equivalente a no menos de 10 años, tasa de interés compatible con los estándares internacionales -sin sobrecarga de intereses- y que los derechos especiales de giro (DEG) que fueron utilizados para la cancelación de los servicios de capital de intereses durante 2021 y 2022 sean restituidos.
Al interior del Frente de Todos adquiere fuerza la idea de que Juntos por el Cambio, en particular el PRO, pague un mayor costo político por haber contraído la deuda durante la gestión anterior. Un importante funcionario que integra uno de los gabinetes del norte argentino admitió a este medio que no quieren que se declare la “ilegitimidad” de la deuda, pero sí la “irresponsabilidad política” de los funcionarios de Cambiemos. Capitanich y Kicillof se expresó en la misma sintonía. El gobernador bonaerese remarcó que “hoy, después de tirar la piedra esconden la mano” y puso en duda que la oposición acompañe un acuerdo.
Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, le brindó su apoyo a Alberto Fernández, pero objetó ese camino de confrontación con la oposición que fijó el Gobierno. “No vamos a superar la grieta. Debemos lograr el mejor acuerdo posible pero también dejarnos de enrostrar todo lo malo que hicimos en el pasado”, sostuvo en la cumbre con Guzmán. Desde el entorno de la fuerza Somos Río Negro indicaron que la postura de Carreras “no es un cheque en blanco” a la Casa Rosada.
Por el momento, lo cierto es que los mandatarios están más enfrascados en las cuestiones domésticas. Omar Gutiérrez, de Neuquén, sostuvo este miércoles las tratativas con el organismo que encabeza Kristalina Gueorguieva “van a impactar en el desarrollo económico, en materia de inseguridad jurídica, inversiones y el entramado social de nuestras provincias”. Mientras que en La Rioja una voz del Gabinete comentó que les preocupa y hablan con Nación sobre la falta de presupuesto y lo convenido con la provincia.
En el orden financiero, la provincia que gestiona Ricardo Quintela ya renegoció, como la provincia de Buenos Aires, un esquema de pagos que reestructuró unos USD 300 millones con acreedores extranjeros. “Creemos que lo vamos a poder cumplir, el problema lo vamos a tener en 2024 y 2025. Eso va a pasar. Pero en lo inmediato no influye esta cuestión del FMI”, sostuvo uno de los funcionarios del gobernador.
En general, la mayoría de los mandatarios justicialistas y aliados están expectantes de los resultados de la negociación y confían en un desenlace positivo que garantice cierta estabilidad macroeconómica. En esa línea se expresaron en la audiencia con Guzmán los mandatarios Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y algunos de los emisarios locales de San Juan, Santa Cruz, y otros. De cara a este escenario, están mejor posicionados los distritos que no tienen deuda en dólares o dependen en menor medida del financiamiento internacional.
Un caso particular es el de la provincia de Tierra del Fuego, desde dónde llegó un enfático respaldo a un futuro pacto concertado por el Gobierno y el FMI. Cerca del gobernador Gustavo Melella tienen interés en que haya una resolución favorable a la brevedad. Es que el territorio fueguino registra con sus acreedores internacionales una deuda superior a los 200 millones de dólares, con una tasa del 9% anual, un costo que evalúan como irrisorio en el sur austral.
“Un eventual acuerdo nos podría llegar a destrabar nuestro endeudamiento provincial que realizó la gestión anterior. Nos permitiría sentarnos en otras condiciones”, sostuvo un vocero de Melella. Los pagos de estos compromisos están atados a un fideicomiso “leonino” que tiene a las regalías hidrocarburíferas como garantía de pago. “La única manera de que no paguemos es quedarnos sin petróleo y gas. Nuestra renegociación es muy dura. Si se cierra un acuerdo con el FMI, tenemos otras herramientas”, concluyó la misma fuente provincial.
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