Jueves y último día hábil: el viernes 25 inauguraba un fin de semana largo. No habría actividad gubernamental ni financiera, pero difícilmente los argentinos pensaran en otra cosa porque la autoridad fiscal les dejó de regalo regalo una resolución general sin precedentes: se imponían controles a los viajes al exterior para detener el aumento del dólar blue.
Aquellos que tenían recursos para viajar fuera del país, que lo hacían por trabajo o familia o que necesitaban hacerlo por salud, tendrían que agregar un paso más a la burocracia de las fronteras y la seguridad post 2001: entrar a la web de la AFIP y llenar un formulario con su CUIT, datos personales, país de destino y escalas, motivo del viaje, fechas de salida y de regreso, costo del viaje, cantidad de cuotas, datos del operador turístico.
Eso permitía acceder a una cantidad de dólares a precio oficial (que luego la AFIP autorizaría o no) y limitaría la capacidad de las agencias de turismo de comprar divisas BCRA y cobrarlas a sus clientes como blue.
Faltaba mucho para que el escándalo Cambridge Analytica mostrara a la humanidad cuántos datos personales se regalan en las redes sociales, así que esta demanda del gobierno fue para muchos la primera revelación sobre el fin de la privacidad. Y desde luego, en la pelea entre el kirchnerismo y el PRO fue motivo de indignación generalizada.
El blue, al menos, había bajado: cerró a $ 5,93. Pero pocos pensaban que se hubiera logrado un equilibrio, más bien se atribuía a la intervención del gobierno para frenar la suba. El otro valor informal, llamado contado con liquidación, seguía en $ 6,16. A modo de referencia, el alquiler de un departamento de un dormitorio en CABA oscilaba entre $ 2.500 y $ 3.000 y una heladera con freezer, modelo básico, entre $ 2.700 y $ 3.400.
Para sumar sinsabores al fin de semana largo, se supo que las finanzas nacionales sufrirían un golpe adicional: la cosecha de soja sería casi un quinto menos que la de 2011, y por ende los impuestos. El aumento del precio internacional de la legumbre no alcanzaría a compensar y el Estado recaudaría menos divisas por la exportación.
La situación económica de Europa competía en la desgracia: el argentinismo corralito se había popularizado en España, donde la crisis de Bankia, el cuarto grupo financiero, que debió ser nacionalizado, pedía una ayuda de € 19.000 millones, además de los casi € 4.500 que ya había recibido. Standard & Poor’s degradó los bonos de Bankia y otras entidades españolas a la nota de basura.
En Grecia el cuadro era tanto peor que se contabilizaban entre dos y tres suicidios por día. Los del 24 fueron los de un músico de 60 y su madre enferma de 90. “El problema es que yo no estaba preparado cuando se produjo de repente la crisis. Tenía propiedades y vendí todo lo que pude, pero me quedé sin dinero y ya no tengo para comer”, dejó Antonio Perris como mensaje de despedida.
Algunos hacían estimaciones sobre el costo que tendría la salida de Grecia del euro —una catástrofe para los organismos internacionales acreedores, una devaluación del dracma de hasta el 60%— mientras el Parlamento Europeo aprobaba la aplicación de un impuesto a las operaciones financieras, pero un largo camino separaba el acto del hecho: los estados debían aceptarlo, y Gran Bretaña se oponía (hoy la llamada Tasa Tobin se aplica, sin embargo, allí, y también en Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda e Italia).
El Departamento de Estado mencionó a Argentina en su informe anual sobre derechos humanos: le dedicó 25 páginas a criticar “la combinación de debilidad institucional y un sistema judicial a menudo politizado e ineficaz”, que “diminuye las posibilidades de combatir la corrupción”. Entre los problemas principales el texto de Hillary Clinton aludía al “uso excesivo de la fuerza policial, que a veces derivó en muertes; acciones que amenazan la libertad de prensa, y la infracción continua de los derechos de los pueblos indígenas”. El caso Sueños Compartidos se ponía como ejemplo del “fraude con fondos públicos” y se citaba la distribución “arbitraria” de la publicidad oficial entre las “acciones indirectas de censura”.
Aquel jueves los kirchneristas críticos encontraron una fuerza política que los convocaba: el Partido del Trabajo y la Equidad (Parte) de Alberto Fernández, por entonces aspirante a senador en las legislativas de 2013. Los medios citaban al “ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner” —eso era entonces lo relevante en el CV del actual presidente—, quien dijo en la presentación de Parte: “Hay que recuperar los valores democráticos y el pluralismo” y “El ciclo de Cristina Kirchner culmina en 2015. La reelección es institucionalmente muy mala para el país”.
Para oponerse a las jubilaciones compulsivas de profesores en la UBA, que el rectorado quería imponer hubo una reunión entre académicos y la CTA. Argumentando que su estatuto de 1958 limitaba la edad de los docentes a los 65 años, la UBA se disponía a jubilar a 650 profesores, algunos de ellos muy prestigiosos. Los profesores y los gremialistas se apoyaban en las leyes nacionales que les permitían trabajar hasta los 70 años y advertían que la cuarta parte de las cátedras desaparecería, con particular daño en Ciencias Sociales y Filosofía y Letras.
Los hinchas de Vélez que fueron a ver el partido con el Santos acaso hubieran preferido no perderse el estreno de la exitosa Hombres de negro 3, que fue ese 24 de mayo. Porque el equipo de Liniers quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder ante los brasileños, que lograron hacerle un gol en su propia casa.
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