Especial para Infobae de The New York Times.
WASHINGTON — La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) está pidiendo al gobierno de Biden que cierre uno de sus centros privados de detención de migrantes después de que un solicitante de asilo brasileño se suicidara mientras estaba detenido en las instalaciones del centro ubicado en Nuevo México.
El centro de detención del condado de Torrance en Estancia, Nuevo México, alberga a unas 160 personas y ha estado bajo escrutinio durante meses. En una medida inusual a principios de este año, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta para solicitar al gobierno de Biden que reubicara a los detenidos de inmediato.
Ahora, la ACLU hace un nuevo llamamiento después de que obtuvo registros del gobierno que, según dice, respaldan las afirmaciones de que las condiciones allí son “atroces”. Los registros, que se proporcionaron a The New York Times, describen problemas estructurales con el edificio y quejas de los detenidos de que no podían comunicarse con sus abogados y que el agua potable los estaba enfermando.
La situación en Torrance revive un prolongado debate sobre la detención de inmigrantes, muchos de los cuales son solicitantes de asilo, y la dependencia del gobierno de la industria penitenciaria privada para albergar a decenas de miles de ellos en un momento dado.
Los abogados familiarizados con el caso de Kesley Vial, dicen que el solicitante de asilo brasileño de 23 años se suicidó en agosto después de meses de encarcelamiento en Torrance, donde luchó por obtener información básica de los funcionarios sobre su caso. Fue la tercera muerte de un detenido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en el último año. Su muerte aún está bajo evaluación de la agencia.
“Le dijimos varias veces al ICE y a CoreCivic que Torrance es un lugar horrible, que algo malo podría pasar”, dijo Casey Mangan, abogado de una organización de defensa de inmigración que trabaja regularmente con detenidos en Torrance. “Desafortunadamente, eso es lo que ocurrió”.
Los funcionarios de ICE cuestionaron la caracterización que hizo la ACLU respecto a las condiciones en Torrance, al decir que el centro de detención sí cumple con los estándares exigidos por el gobierno federal, estándares que los activistas de inmigración dicen que son demasiado bajos.
“Si no se cumplen esos estándares y requisitos, ICE rescindirá el acuerdo para el uso de las instalaciones”, dijo Jason Houser, jefe de personal de la agencia. Torrance está gestionada por la compañía penitenciaria con fines de lucro, CoreCivic, que también dijo que la instalación cumple con los estándares federales.
La detención de inmigrantes es solo una parte de una discusión más general sobre a quién se le debe permitir ingresar a los Estados Unidos para buscar refugio y trabajo. Las acciones de los gobernadores republicanos —Greg Abbott de Texas, Doug Ducey de Arizona y Ron DeSantis de Florida— de transportar en autobús o avión a los migrantes por todo el país, un truco político para tratar de ganar puntos en materia de inmigración en las elecciones intermedias, han llamado aún más la atención al problema.
Las quejas sobre las condiciones en los centros de detención han persistido durante años, lo que dio lugar a más y más niveles de supervisión. Pero ICE informa consistentemente que casi todos sus centros de detención cumplen con los estándares nacionales.
El presidente Joe Biden prometió poner fin a la detención prolongada de inmigrantes. Desde que asumió el cargo, dejó de albergar o redujo el número de inmigrantes en seis instalaciones que durante años habían despertado la preocupación de los defensores de los derechos humanos y los investigadores del gobierno. El gobierno también dejó de detener a familias inmigrantes y Biden pidió 9000 camas menos para centros de detención de inmigrantes en su última solicitud de presupuesto.
Las quejas sobre las condiciones de vida de los detenidos y el acceso de estos a asistencia legal en Torrance aumentaron durante meses.
Hace poco, la oficina de Nuevo México de la ACLU y otro grupo de defensa, Innovation Law Lab, obtuvieron documentos a través de una solicitud de registros públicos, entre ellos los registros de mantenimiento e información sobre el personal, que los abogados dicen que respaldan denuncias anteriores.
En uno de los documentos se registraron más de 2000 órdenes de mantenimiento entre agosto de 2021 y julio de este año por situaciones como inodoros tapados o desbordados, falta de agua caliente y otros problemas relacionados con la estructura física del edificio, que tiene más de 30 años de antigüedad.
“Los propios expedientes de CoreCivic muestran que se tiene conocimiento de estos problemas graves de salud y seguridad desde hace mucho tiempo”, dijo Rebecca Sheff, abogada principal de la sucursal de Nuevo México de la ACLU.
Los abogados de los detenidos en Torrance dijeron que les resulta difícil organizar reuniones con sus clientes para abordar cuestiones básicas sobre sus casos. Las llamadas telefónicas a menudo se desconectan. Y cuando hablaron con los detenidos, escucharon las mismas quejas sobre problemas estructurales con el edificio y el agua potable que creían que los hacía sentir enfermos. Y ha habido informes consistentes de que el centro no tiene suficiente personal.
El jefe de personal de ICE, Houser, visitó las instalaciones a principios de este mes y dijo que bebió el agua y no se sintió enfermo. Un portavoz de ICE dijo que los detenidos en Torrance reciben 130 minutos de llamadas telefónicas gratis a la semana, en incrementos de 10 minutos, lo que podría explicar por qué se interrumpen las llamadas.
ICE supervisa 178 instalaciones en todo el país, la mayoría de ellas administradas por empresas privadas o cárceles del condado, donde se detienen a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país.
