A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, pareciera que el caso se desmorona en las manos el Gobierno que prometió no sólo reanudar las investigaciones, también llegar a la verdad y justicia para las familias.
Revelaciones, filtraciones, discrepancias y conflictos en las instituciones encargadas, son algunos de los tantos factores que han tambaleado el proceso, al mismo tiempo que intensifican las acusaciones por presunta opacidad y negligencia hacia las autoridades.
Bajo ese tenor, el periodista, Carlos Loret de Mola, afirmó que el Federativo no habría requerido más que el último informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia (COVAJ) para exponer sus propias irregularidades y “tirarlo a punta de maquillaje y contradicciones”.
“No hicieron falta los adversarios, los críticos ni los opositores. La “nueva” verdad de Ayotzinapa la está tirando el propio Gobierno a punta de maquillaje y contradicciones”.
En su columna de opinión para El Universal, el también colaborador de Latinus tachó como “una equivocación” de López Obrador el reabrir las carpetas del crimen de estado del 2014, como un activo de su campaña presidencial.
Esto, explicó, porque el caso en el cual sustentó varias de sus críticas hacia “los males gobiernos” (es decir, sus antecesores), ahora ha derivado en una crisis política donde todos los personajes se encuentran inconformes/enojados/diferenciados entre ellos mismos.
“López Obrador tuvo la torpeza de convertir un activo de campaña en un pasivo de Gobierno (…) ¿Y el caso? Empantanado, en uno de esos pantanos que sí manchan el plumaje”, atajó el comunicador tras exponer las contradicciones que han obstaculizado la búsqueda por la verdad y justicia de la también llamada “Noche de Iguala”.
1. La verdad histórica
El 18 de agosto pasado, Alejandro Encinas, titular de la COVAJ dio a conocer los últimos avances de la desaparición de los jóvenes estudiantes del Colegio Raúl Isidro Burgos.
Fue en aquel encuentro cuando se confirmó de manera oficial que aquel hecho se trató de un crimen de estado, cuya verdad histórica – orquestada por Jesús Murillo Karam – había sido una mentira; misma la cual fue refutada en aquel reporte.
Sin embargo, Loret de Mola aseguró que los avances presentados casi dos meses atrás no aportan información novedosa a la que se conocía con la histórica. Esto, argumentó, porque el de la COVAJ “establece básicamente lo mismo”: la intervención del grupo Guerreros Unidos; del Ejército, y de José Luis Abarca, entonces presidente municipal. Así como la repartición de los normalistas en comandos para masacrarlos, asesinarlos y trasladar sus cuerpos.
2. Órdenes de aprehensión canceladas
Unos días antes del octavo aniversario de la Noche de Iguala, el diario El País reveló que la Fiscalía General de la República (FGR), había cancelado 21 de las 83 órdenes de aprehensión dictadas tras el informe de la COVAJ; 16 de ellas contra militares.
Esta información no sólo fue confirmada por López Obrador, también apoyada al argumentar que aquellos oficiales (de quienes, según él, desconoce su identidad) no estaban contemplados en el reporte de la Comisión: “Yo apoyo que se hayan sacado”, afirmó en una de sus mañaneras.
3. Conflicto interno
Aunque el presidente ha negado los rumores de discrepancias entre Encinas y Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR (dos de sus pilares para la resolución del caso), la realidad es que las acciones de ambos han demostrado lo contrario.
El ejemplo más reciente, destacó Loret, está relacionado a las inhabilitaciones mencionadas, pues mientras la Comisión imputó a ciertos oficiales del Ejército – así como políticos y miembros del crimen organizado -, el órgano de Gertz los exoneró.
“El fiscal especial de plano renuncia al Gobierno por este cochinero”, aseveró el columnista en referencia a la la renuncia de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
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4. La denuncia del Gobierno contra juez que absolvió a una veintena de imputados
El pasado 23 de septiembre, el Gobierno de México advirtió que interpondría una denuncia ante la FGR contra el juez, Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, por absolver a 24 imputados relacionados al caso Ayotzinapa.
Los señalados, según indicó un documente, habrían intervenido en el intento de homicidio en contra de Aldo “N”, uno de los estudiantes normalistas que al día de hoy se encuentra en estado vegetativo, según informó Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad.
Aunque el recurso se interpuso como parte de “la búsqueda por la verdad”, Loret de Mola afirmó que más bien funge como una incoherencia del Federativo, el cual “lleva toda la vida diciendo que (…) los detenidos en el sexenio pasado fueron torturados”, pero cuando éstos son liberados “denuncian al juez”.
5. Filtración del informe sin testar
La periodista Peniley Ramírez se convirtió en blanco de varias críticas de miembros de la 4T, quienes la tacharon de “amarillista”, “sensacionalista” o “poco ética” por filtrar supuestas conversaciones telefónicas sin censura, que el reporte había presentado testadas (sin posibilidad de conocer su contenido).
Aunque el mismo López Obrador abogó por “no ocultar ningún tipo de información”, también acusó que la fuente quien proporcionó dicha información a la comunicadora lo habría hecho “de mala fe”. Por ello es que Loret de Mola señaló dicha conducta como una reacción de inconformidad por “haber desnudado” al Gobierno de López Obrador y su apoyo a las Fuerzas Armadas – que son pilares para su política de seguridad.
“Exhibió que el presidente está haciendo lo mismo que hicieron en el sexenio pasado: ocultar la participación de militares para proteger a su socio incondicional: el Ejército”, aseveró el columnista.
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