Quién es Conan Castro, el cerebro jurídico de Nayib Bukele al que Estados Unidos acaba de sancionar
El detenido, un mexicano llamado Enrique Sánchez, llegó al cuartel central de la Policía Nacional Civil de El Salvador el 17 de marzo de este año, unas horas después de que lo detuvieron con una orden girada por la fiscalía general. Lo acusaban de estafar con USD 9 millones a una empresa local. Pero el arresto duró poco, apenas unas horas: por orden del director general de la policía salvadoreña, Mauricio Arriaza Chicas, al mexicano lo llevaron a su oficina en el cuartel policial. Hasta ahí llegó, minutos después, Conan Tonathiú Castro, el secretario jurídico de la presidencia y amigo de Enrique Sánchez, el mexicano arrestado.
Castro salió con Sánchez del cuartel policial. La fiscalía general desistió de la acusación e incluso borró de su cuenta en Twitter un comunicado en el que anunciaba el arresto del mexicano. Hoy es posible reconstruir los pormenores del arresto de Sánchez y de las horas que siguieron gracias al testimonio de un oficial de la Policía que estaba aquel día en el cuartel general, conocido como El Castillo, y de un exfuncionario que escuchó pormenores del incidente en casa presidencial, donde Conan Castro tiene su oficina. En la fiscalía general ya no hay rastro de la investigación a Sánchez.
Enrique Sánchez, el mexicano, era entonces el representante legal de Makensa, una empresa que junto a la alcaldía de la capital, San Salvador, formó parte del conglomerado conocido como Sistema de Mercados de Centroamérica (SIMERCA), del que Conan Castro, el secretario jurídico de Bukele, fue directivo, como consta en información registral de la que Infobae tiene copia.
Castro trabó relación con Sánchez y SIMERCA cuando era asesor de Bukele en la alcaldía de San Salvador, que el actual presidente de El Salvador dirigió entre 2015 y 2018, antes de lanzar su candidatura presidencial. De acuerdo con una investigación del periódico salvadoreño El Diario de Hoy, Conan Castro diseñó y ejecutó un contrato con SIMERCA para la construcción de tres mercados en la capital salvadoreña, el cual fue cuestionado en su momento por violar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP), que regula los tratos entre oficinas públicas y privados.
Ernesto Muyshondt, el sucesor de Bukele en la alcaldía, continuó los tratos con SIMERCA y, en 2019, puso la primera piedra en la construcción del céntrico mercado Hula Hula, uno de los tres contratados por la empresa del mexicano Enrique Sánchez. A ese acto asistió, como invitado especial, Conan Castro, ya en su calidad de secretario jurídico del presidente Nayib Bukele.
En junio de 2021, ya con Bukele en casa presidencial y con la policía y la fiscalía bajo su control, el exalcalde Muyshondt fue arrestado por delitos no relacionados con la construcción de los mercados, y sigue recluido en una cárcel a pesar de que un tribunal lo benefició con arresto domiciliario. Nueve meses después, en marzo de 2022, fue arrestado Enrique Sánchez, quien había estado en los actos del mercado Hula Hula junto al exalcalde y al secretario jurídico Conan Castro. A Sánchez le fue mejor que a Muyshondt: todo el aparato policial y fiscal, bajo las órdenes del presidente y de Castro, sacaron al mexicano del problema en pocas horas.
Fue al secretario jurídico de la presidencia a quien también se le acabó la suerte hace poco. El 9 de diciembre pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos listó a Conan Castro y a Rolando Castro, otro funcionario del gabinete de Bukele -sin relación familiar con el primero-, como sancionados bajo la Ley Magnitsky, la cual permite a Washington congelar los bienes y activos financieros de extranjeros acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
En su informe sobre esta tanda de sanciones, en la que Estados Unidos también incluyó a unos 40 individuos y empresas de países como Corea del Norte, Guatemala, Guinea e Irán, el Departamento del Tesoro escribe las razones para incluir al salvadoreño Conan Castro. “Durante su gestión como secretario legal -jurídico- de la presidencia, obstruyó investigaciones sobre el mal uso de fondos públicos durante… la pandemia y usó su oficina para ganancia financiera personal”, dice el documento.
Por lo primero, las sospechas de apropiación de fondos públicos durante la pandemia, ya Estados Unidos ha señalado a otros funcionarios de Bukele, como Pablo Salvador Anliker, ex ministro de agricultura y amigo personal del presidente, o Carolina Recinos, la jefa de gabinete, a quien el Tribunal de Ética Gubernamental ha abierto un juicio por beneficiar de forma indebida a una familiar con fondos públicos. Además, investigaciones de periódicos independientes en El Salvador, basadas en investigaciones que la fiscalía abrió antes de caer bajo el poder de Bukele, también han señalado a Christian Guevara, diputado bukelista, y a los ministros Francisco Alabí, de salud, y Alejandro Zelaya, de hacienda, como sospechosos de corrupción durante la pandemia. Guevara, Anliker y Recinos también están nombrados en la llamada Lista Engel que elabora el Departamento de Estado para señalar a funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos.
La segunda acusación del Departamento del Tesoro contra Conan Castro, la de usar “su oficina para ganancia financiera personal”, es más grave, según un exfuncionario estadounidense familiarizado con los procesos de aplicación de Ley Magnitsky, quien habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, porque podría terminar en acusaciones penales si el señalado movió dinero por Estados Unidos o hizo negocios con personas o entes estadounidenses.
El Tesoro no elabora sobre el detalle de cada uno de los sancionados con la Ley Magnitsky. Un investigador estadounidense que conoce el caso de Conan Castro, y quien habló desde el anonimato, adelantó que dos de los temas discutidos sobre este funcionario son su relación con el esquema de multas que el gobierno salvadoreño impone a empresarios privados a través del tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor, del que es presidente José Leoisick Castro, padre de Conan Castro, y la influencia del secretario jurídico sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que los diputados de Bukele nombraron en mayo de 2021 para hacerse con el control del máximo tribunal.
De hecho, la primera vez que el gobierno Biden puso a Conan Castro en la mira fue en julio de 2021, cuando se hizo pública la primera versión de la Lista Engel, un mecanismo administrativo que permite al Departamento de Estado prohibir a los señalados la entrada a Estados Unidos y cancelarles sus visas. Washington nombró al secretario jurídico de Bukele como actor antidemocrático y corrupto por “socavar procesos o instituciones democráticos al apoyar la remoción indebida de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general” y nombrar en lugar de ellos a funcionarios leales a Bukele.
Estados Unidos, según el investigador consultado, también ha seguido la relación de Conan Castro con José Luis Merino, un excomandante guerrillero y uno de los hombres más influyentes de la izquierda salvadoreña gracias a su acceso al dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana. Merino también ha sido sancionado por Washington y está al centro de un esquema internacional de lavado de dinero del que, según investigaciones en Estados Unidos y El Salvador, también se beneficiaron Bukele y su entorno.
Infobae intentó comunicarse con la oficina de Conan Castro para pedir comentarios sobre las sanciones estadounidenses pero no hubo respuesta.
Nexos con un empresario prófugo de la justicia
Rolando Castro es el otro funcionario salvadoreño al que el Departamento del Tesoro acaba de aplicar la Ley Magnitsky. Castro fue, antes de ser ministro de trabajo de Nayib Bukele, sindicalista y empleado de Enrique Rais, un empresario suizo-salvadoreño que es prófugo de la justicia luego de que la fiscalía local lo acusó de montar una red de corrupción con Luis Martínez, fiscal general de El Salvador entre 2012 y 2015. De acuerdo con un exfuncionario del gobierno de Bukele, Castro fue nombrado ministro como una deferencia a Rais.
A Rolando Castro el Departamento del Tesoro lo acusa de “usar su posición para influir en sindicatos y alinearlos con los intereses políticos del ministerio de trabajo, (para) involucrarlos en actividades que lo beneficien a él y a sus aliados políticos…” Además, dice Washington, Castro chantajeó a los sindicatos a través de los procesos de acreditación, que dependen del ministerio, otorgando permisos a quienes se subordinaban a él y negándoselos a quienes no.
A diferencia de Conan Castro, quien ha permanecido en silencio desde que se conocieron las sanciones Magnitsky, Rolando Castro sí acusó a Estados Unidos, en su cuenta de Twitter, de entrometerse en asuntos de legislación laboral salvadoreña.
Una muestra del uso político que Castro ha dado al ministerio de trabajo ocurrió el primero de mayo de este año, cuando el funcionario dijo que quienes participaran en la marcha del Día del Trabajador programada para ese día, en buena medida para protestar contra el gobierno de Bukele, serían considerados colaboradores de pandillas y, por lo tanto, sujetos de persecución criminal.
El asunto no fue, solo, una matonería, tuvo consecuencias reales de persecución. El 8 de mayo, la policía de Bukele arrestó a Giovanni Aguirre López, un sindicalista de la alcaldía de San Salvador que había participado en las protestas contra Bukele el primero del mes.
La influencia de Rolando Castro en la alcaldía de San Salvador tiene que ver, en buena medida, con su relación con Enrique Rais, el empresario prófugo. Rais es el dueño de la empresa de tratamiento de desechos sólidos que maneja los desperdicios de las municipalidades más grandes del país, incluida la de la capital y Castro fue, durante muchos años, su operador político en la gestión de esos contratos, según explicó a Infobae un exfiscal salvadoreño que investigó a Rais.
El ministro de trabajo de Bukele también aparece mencionado en un caso judicial en el que la corrupción durante la pandemia y los tratos de funcionarios gubernamentales con las pandillas se juntan.
En febrero de este año, la fiscalía presentó a los tribunales un caso por extorsión y otros crímenes atribuidos al Barrio 18, una de las pandillas más grandes del país, con las que el gobierno Bukele ha mantenido un pacto de gobernabilidad según investigaciones de agencias estadounidenses. Una de las implicadas en ese caso es Norma Elivania Aguirre, una vendedora en el centro de San Salvador supuestamente vinculada a la pandilla. De acuerdo con su testimonio, a través de ella el Barrio 18 gestionó la entrega de USD300 que el gobierno repartió durante la pandemia a, entre otros, comerciantes del centro capitalino. En audios de conversaciones entre Aguirre y sus cómplices el ministro Castro aparece mencionado como alguien que estaba al tanto del trato económico.
Infobae también intentó contactar con el ministro Castro a través de oficina de comunicaciones del gobierno salvadoreño pero no hubo respuesta.
Con las sanciones Magnitsky a Conan Castro y Rolando Castro son ya al menos siete los funcionarios de Nayib Bukele listados en Washington como corruptos y antidemocráticos. La lista incluye a algunos de los más cercanos al presidente, como su secretario de prensa, su jefa de gabinete, y el jefe de la bancada oficialista en el congreso. Además de los funcionarios, Estados Unidos ha señalado a supuestos financistas de Bukele, como el citado José Luis Merino y el empresario Enrique Rais, y algunos colaboradores que, sin ser funcionarios públicos, trabajan por Bukele.
Entre estos últimos está Walter Araujo, un exdiputado y exfuncionario de ARENA, el partido histórico de la derecha salvadoreña, reconvertido en ideólogo y vocero no oficial del gobierno. Araujo, quien ha sido acusado en tribunales de violencia contra la mujer y de faltar a obligaciones financieras con uno de sus hijos, es una de las voces más constantes de ataque y difamación a periodistas independientes, opositores y otros críticos del gobierno.
Todas las sanciones se enmarcan en un escenario de deterioro de las relaciones bilaterales entre San Salvador y Washington y, en general, en lo que funcionarios de la administración Biden han llamado “retroceso” en las condiciones de la democracia en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que también incluye a Guatemala y Honduras. De acuerdo con un funcionario estadounidense consultado, es probable que la lista de centroamericanos sancionados vuelva a ampliarse antes de que termine este año, cuando el Departamento de Estado tiene programado publicar una nueva actualización de la Lista Engel.
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