LA PAZ, Bolivia (AP) —
Un juez de Bolivia ordenó prisión preventiva por cuatro meses bajo cargos de terrorismo para el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición boliviana, cuya detención desató disturbios que incluyeron la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos.
Tras una audiencia que concluyó en la madrugada del viernes, el juez Sergio Pacheco admitió el pedido de la fiscalía de enviar a la cárcel a Camacho ante posible riesgo de fuga mientras avanza el proceso y rechazó las observaciones de la defensa que tildo de ilegal la detención del líder opositor.
“Nunca me voy a rendir en esta lucha por la democracia de Bolivia. A los bolivianos les digo que no dejemos que nos impongan una dictadura como en Venezuela y Cuba”, dijo el gobernador en la audiencia virtual desde una celda policial en La Paz a donde fue conducido tras ser detenido en la región oriental de Santa Cruz.
Horas antes el Comité Cívico de Santa Cruz convocó a paro este viernes en toda la región con corte de carreteras y vigilias en las instituciones públicas hasta lograr la libertad de Camacho, según dijo el líder de esa poderosa organización ciudadana Rómulo Calvo. La protesta comenzó a sentirse desde la madrugada del viernes y se esperaba que sea contundente.
El jueves en la noche la ciudad de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia y reducto de la oposición, vivió una ola de disturbio tras la detención de Camacho. Manifestantes quemaron varias oficinas públicas entre ellas la fiscalía y la casa de un ministro del presidente Luis Arce. La policía reportó una veintena de detenidos.
La fiscalía había pedido seis meses de cárcel preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en las afueras de La Paz y donde son recluidos los reos más peligrosos.
Camacho es procesado por cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones consideradas como fraudulentas.
Recientemente organizó un paro en su región de 36 días en contra del gobierno de Arce, heredero político de Morales, para reclamar un censo de población que permitirá a su región aumentar escaños en el legislativo y tener más peso frente el poder político en La Paz, la sede el gobierno.
El juicio ha sido planteado por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) cuyo jefe es Morales.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo y que fueron denunciadas por fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En poco más de 20 días de protestas 37 personas murieron en las calles. La oposición alega que fue una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales ante una rebelión popular frente al fraude. Camacho lideró esas manifestaciones callejeras.
Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez y más de medio centenar de líderes opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
Camacho y otros líderes opositores han acusado al gobierno de Arce de utilizar la justicia para perseguir a la oposición.
