En “reciprocidad” a la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de llamar a consulta a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza. La administración de Alejandro Giammattei decidió hacer lo mismo en la mañana del 17 de enero, con su embajadora en el país suramericano, Reagan Vega.
Esto, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en cabeza de Rafael Curruchiche, anunciara el lunes 16 de enero que el país tomará acciones legales en contra del ministro de Defensa colombiano, Ivan Velázques, por su participación en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), del 2013 al 2017. En donde, supuestamente, habría aprobado acuerdos de cooperación con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht, durante su último año en el cargo.
Al respecto, Curuchiche comentó: “La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, poniendo también en tela de juicio el trabajo desempeñado por la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, al interior de la Comisión.
Acusaciones que llegaron a oídos del presidente Gustavo Petro, quien, desde Europa, respaldó públicamente al jefe de la cartera: “Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.
Sus relaciones ya parecían deteriorarse desde que la Cancillería de Guatemala manifestó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”, cuando Petro llamó el mismo 16 de enero a su embajadora Victoria González Ariza a consulta.
Durante sus años como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) , Velásquez logró desmantelar estructuras ilegales al interior de distintas instituciones gubernamentales, bajo su ardua lucha en contra de la corrupción.
Pero el fiscal Curruchiche, asegura haber encontrado una serie de correos que prueban que existió una supuesta manipulación de acuerdos de colaboración eficaz: “En el correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de Cicig, Luz Camargo Garzón, a Juan Pablo Carrasco le indica que el exfiscal general de Maldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.
E, incluso, dice que existieron reuniones entre los miembros de la Cicig y los empresarios brasileños implicados en el caso Odebrecht. Sin embargo en las investigaciones que se adelanta en contra de los empresarios, se anularon fragmentos de sus declaraciones en los que habrían acusado al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón, de recibir sobronos por 18 millones de dólares, a cambio de obtener proyectos a nmombre la multinacional.
Sin embargo, Curruchiche también ha sido investigado e, incluso, a modo de sanción, el Gobierno de Biden le retiró su Visa y le prohibió la entrada a territorio estadounidense, por, presuntamente, crear casos falsos y realizar imputaciones fraudulentas.
Lo que motiva aún más al Gobierno Colombiano a apoyar a su ministro de defensa y pensar que las acusaciones que vienen de Centroamérica podrían no ser del todo legitimas.
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