A la Aerocivil llegó una advertencia de parte de la Contraloría respecto al riesgo que existe de perder $41.000 millones como consecuencia de inversiones realizadas en obras inconclusas y paralizadas del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. El organismo de control expuso tres hallazgos fiscales por $29.060 millones, en Auditoría de Cumplimiento a la Aerocivil. Los más de 40 mil millones de pesos fueron pagados al contratista de obra, el Consorcio Infraestructura Riohacha.
Por ende, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió a la Aerocivil para que se gestione, lo más pronto posible, “el reinicio y adecuada finalización de las obras inconclusas y se evite el riesgo de pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas”. En la Auditoría se estableció que hay ocho hallazgos administrativos: siete con una presunta connotación disciplinaria y uno con una presunta incidencia penal.
“Garantizar que todas las obras inconclusas previstas en el objeto del Contrato de Obra Pública No 19001312 H4-2019, que terminó por plazo vencido el pasado 19 de noviembre 2022, sean prontamente reiniciadas y adecuadamente finalizadas, de forma que se evite el actual riesgo de deterioro y/o pérdida de las cuantiosas inversiones ya pagadas al contratista de obra y se garantice la plena funcionalidad y seguridad de la pista de este importante aeropuerto, fundamental para la adecuada conectividad aérea de Riohacha”, especificó
Lo que recordó la Contraloría fue que las obras tuvieron un valor inicial de $38.376 millones, sin incluir el valor de interventoría. El proceso de estructuración, ejecución, interventoría y supervisión de estas obras fue calificado como ‘deficiente’. “Según el primer contratista de obra y la primera Interventoría de este proyecto, podrían tener un valor final aproximado de $61.500 millones, es decir, un 60,35% más”, dijo el organismo en su comunicado.
Esta noticia se suma a los 30 hallazgos fiscales que hizo la Contraloría por $132.025 millones de regalías en La Guajira. Del total, 95% ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional. Tal y como lo describió ese organismo, hay proyectos “con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados”.
De la millonaria cifra, se calcula que $37.000 millones corresponden a resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz. Por el otro, el mayor detrimento patrimonial detectado y declarado de impacto nacional alcanza los $15.616 millones que resultan de la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Dentro de los hallazgos fiscales que determinó la Contraloría están los más de 14 mil millones que están detrás del proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana en el municipio de Jagua del Pilar. La obra, a pesar de haber sido entregada, no se encuentra a disponibilidad del uso de la comunidad. “Se encuentra en mal estado y en condición de abandono”, dice la entidad.
Al listado de obras se suma la construcción del colector de redes de acueducto y obras complementarias del corregimiento El Pájaro, del Municipio de Manaure. El proyecto, que supera los $11.384 millones de pesos en costos, se encuentra suspendido. La obra tiene un avance del más del 90%, sin embargo, por un conflicto de deudas con la empresa AIRE, se ha impedido que haya energía para el funcionamiento de la obra. Se encuentra suspendido desde junio del 2022.
Le sigue a este escándalo los $10.103 millones de pesos que fueron destinados a la construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de Riohacha y Manaure. “Este detrimento correspondió a la ejecución de una obra que no prestó los servicios para los que fueron aprobados los recursos. De igual manera, esta obra sufre de una suspensión y tiene cerca de 700 viviendas construidas que no prestan servicio”, dice la Contraloría en su comunicado.
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