Quito (AP) — El presidente Guillermo Lasso expuso públicamente el martes los nombres de cinco jueces, a los que dijo que denunciará ante los órganos competentes para que sean sancionados por haber liberado dolosamente a narcotraficantes, homicidas y violadores.
En cadena de radio y televisión, el mandatario aseguró que su gobierno estará vigilante para que los magistrados cumplan con su deber a fin de garantizar la paz y la justicia del país. “La justicia y las fuerzas del orden están para proteger a los ecuatorianos de bien”, aseveró.
De inmediato dio los nombres de cinco jueces, de los que afirmó que “defienden a los delincuentes”: Ángel Lindao, Juan Carlos Terán, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo. Los señaló como responsables de liberar a decenas de narcotraficantes, homicidas y violadores, así como de ser integrantes del crimen organizado. No especificó qué actos irregulares concretos achacaba a cada uno.
Añadió que presentará una queja por el desempeño de esos magistrados ante el Consejo de la Judicatura, organismo administrador de la función judicial y que presentará sendas denuncias ante la Fiscalía.
Ha sido una constante en los últimos años que el sistema judicial adopte polémicos fallos, siempre favorables a personas vinculadas al crimen organizado y la corrupción, causando el repudio generalizado. Aunque la prensa ha denunciado esas acciones, el Consejo de la Judicatura se ha tardado o simplemente no ha sancionado a quienes han sido señalados por esa inconductas.
En uno de los últimos y más escandalosos casos, un fiscal no acusó y una jueza ordenó liberar de inmediato a uno de los presos más peligrosos del país, Junior Roldán, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, a pesar de que tenía varias sentencias, entre ellas una de 27 años de cárcel por asesinato, además de procesos judiciales por tráfico de armas, entre otros.
El ejecutivo se negó a cumplir esa orden judicial, pero cuando la policía buscó a la jueza y al fiscal de la causa, estos habían desaparecido.
Como muestra de preocupación por el tema, el gobierno planteó en una consulta popular realizada el domingo tres de ocho preguntas relacionadas con la seguridad, entre ellas la aprobación para la extradición de narcotraficantes y otros criminales. Todas las cuestiones fueron rechazadas por una mayoría de votantes ecuatorianos.
En casi dos años de mandato, Lasso ha enfrentado un notable incremento de la inseguridad y violencia criminal, con cifras récord de asesinatos. Ecuador terminó el año pasado con 4.539 muertes violentas, la más alta de la historia, según la policía, más del doble de los 2.048 crímenes de 2021 y, además, con el registro más alto desde 1990 cuando empezó a registrarse este tipo de estadísticas. Tan solo unos 300 casos fueron resueltos.
El repunte de violencia y muertes se ha concentrado en ciudades de la zona costera como Guayaquil, Durán y Esmeraldas en donde las autoridades indican que están las disputas de territorio entre bandas relacionadas al narcotráfico.
Las elevadas cifras de muertes confirman la percepción de inseguridad de los ecuatorianos que, según estudios de varias firmas de encuestas como Cedatos-Gallup, Market y Clima Social, es la principal preocupación de la población, seguida del desempleo y de la corrupción.
Según la tesis oficial, el principal desencadenante de la violencia en las calles de Ecuador es la presencia de mafias de narcotráfico locales y de cárteles de otros países como México, que pugnan violentamente por el control de rutas y territorios de distribución de drogas a nivel nacional e internacional.
La misma explicación se ha atribuido a los enfrentamientos sangrientos en las cárceles de Ecuador que se recrudecieron en 2021 y que solo el año pasado provocaron la muerte de 330 internos presuntamente asesinados a manos de miembros de bandas contrarias.
