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Atentado al director de la UNP, hacia dónde apuntan las pistas: intento de robo o sicarios enviados por un capo

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que precisó que “no es cierto que el testigo en mención esté “en poder” de la Fiscalía General de la Nación (Captura de video y Colprensa/)

En horas de la noche del 7 de febrero, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue víctima de un ataque cuando se dirigía a su casa, una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Montes, al sur de Bogotá. De acuerdo con lo que se conoció, la camioneta en la que se transportaba fue atacada a tiros por parte de un hombre que iba como parrillero en una motocicleta. Autoridades investigan qué hay detrás de ello. Para el momento, hay dos teorías respecto a lo que sucedió.

Una de las hipótesis que se manejan dentro del caso es una supuesta intención de robo sobre la camioneta. De acuerdo con una investigación adelantada por el diario El Tiempo, el señalado sicario, identificado como Fabián Esteven Duarte Ortiz, que además murió en el lugar de los hechos a causa del intercambio de disparos que hubo con el esquema de seguridad de Rodríguez, era reconocido por ser un ladrón que estaba siendo solicitado en extradición por parte de Argentina.

Un investigador del caso consultado por parte de ese diario nacional destacó que lo ocurrido es noche fue muy similar a lo que solía hacer para adelantar sus hurtos a automotores. De hecho, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, según quedó establecido en un documento del 13 de mayo del 2022, le había impuesto un comparendo por “portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público”.

Ahora bien, en lo que respecta a la otra teoría, aquella que señala que hay un capo detrás del caso, se resalta información que indica que, supuestamente, en la UNP habría infiltración de un capo de la ‘oficina de Envigado’. El Tiempo, en su publicación sobre el tema, argumenta que al menos dos escoltas que están asignados a esquemas de seguridad en el departamento antioqueño, estarían conectados con un capo que, usualmente, permanece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

Augusto Rodríguez Ballesteros aseguró que la UNP está "atravesada por mafiosos". @SenadoGovCo
El señalado sicario, identificado como Fabián Esteven Duarte Ortiz, era reconocido por ser un ladrón que estaba siendo solicitado en extradición por parte de Argentina

“Es el mismo que ha intentado, sin suerte, ser nombrado facilitador de paz”, comenta la fuente consultada por ese medio de comunicación nacional. Uno de los guardaespaldas que presuntamente está relacionado con el capo es señalado de usar la camioneta de un líder de derechos humanos de Medellín para transportar cocaína.

De hecho, durante el miércoles 8 de marzo, el presidente de la República colombiana, Gustavo Petro, aseguró que detrás del atentado del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, está el cartel de la corrupción que opera al interior de esa entidad, el Inpec y la Fiscalía General de la Nación.

“La Fiscalía tiene en su poder a la persona testigo de los cargamentos de cocaína que utilizaban carros de la UNP y el cartel de la contratación que ponía falsos blindajes a los carros con que se cuidan a las personas amenazadas. El cartel actúa dentro del Inpec, la UNP, Fiscalía (…) El testigo dispuesto a hablar fue golpeado dentro de las cárceles para intimidarlo. Es muy importante que el fiscal general le de las garantías suficientes para conocer este que es uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Justamente, momentos después de la exposición de su testimonio, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que precisó que “no es cierto que el testigo en mención esté “en poder” de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una persona que está privada de la libertad en un establecimiento carcelario, cuya garantía de protección corresponde al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, no a la Fiscalía General de la Nación”.

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