Una fuerte denuncia hizo el abogado penalista y docente universitario Fernando Velásquez Velásquez sobre uno de los asuntos más polémicos en el sector empresarial del último año en Colombia, el cual tiene que ver con Jaime Gilinski y su objetivo de adquirir gran parte accionaria de los grupos Nutresa, Sura y Argos.
En una columna para El Colombiano, la cual tituló “Las tretas de Gilinski”, Velásquez Velásquez calificó como una toma hostil del empresario hacia los tres grupos empresariales más importantes de Antioquia, debido a que entró en un nuevo episodio lleno de “subterfugios” ideados junto a sus abogados para volverse el dueño de las tres empresas sin pagar por ellas.
En esta recordó que Gilinski demandó en la Superintendencia de Sociedades a Grupo Nutresa, Grupo Sura, Grupo Argos, y a representantes legales de estas empresas con el fin de que la “obsecuente” entidad diga que los representantes legales de Sura y Argos estaban en conflicto de intereses para votar en la elección de la junta directiva de Nutresa de 2022. Y esto, alegando que así decidirían sobre su permanencia en los cargos los presidentes de Grupo Sura y Grupo Argos, lo que para Velásquez es todo un sinsentido legal que desconoce las reglas de gobierno empresarial.
Resaltó que el demandante solicitó trámite reservado –que se volvió costumbre en las superintendencias–, o sea, a espaldas del público, de los demandados, y que estos solo se enteraran cuando se decretaran medidas cautelares, lo que en este caso no ocurrió.
“Con la jugadita de malos ajedrecistas, los Gilinski no buscan que les reconozcan un derecho, sino que les entreguen, sin nada a cambio, el control de Nutresa, Sura y Argos. Pero la estrategia no les funcionó”, aseguró el abogado penalista y docente universitario.
Destacó que la demanda está suspendida y, por tanto, Grupo Sura y Grupo Argos sí pueden votar.
“Y está suspendida porque fue recusado el juez que la admitió, Carlos Gerardo Mantilla Gómez (superintendente delegado de Procedimientos Mercantiles). Graves problemas de amnesia acompañan a este señor juez, que fue él mismo quien pidió hace solo meses a la Superintendencia Financiera abrir investigación contra estas tres empresas por un tal control conjunto que no existe. Y, tal vez por mera casualidad, fue movido de puesto en la Supersociedades y ahora actúa como juez, como reveló El Colombiano, el jueves pasado”, apuntó Velásquez Velásquez.
Argos y Sura, por el camino de la legalidad
De igual manera, señaló que sin saber qué otras jugadas preparan los Gilinski, los grupos Argos y Sura optaron por el camino claro y seguro – propio de quien sí respeta la legalidad –, ya que cada una convocó asamblea extraordinaria de accionistas para que decidan sobre el supuesto conflicto de intereses.
“No se necesita ser experto en estas materias para concluir que Gilinski no conoce de límites en su errante empeño de tomarse el control de esas empresas de la forma más hostil posible y pasando por encima de los derechos de los demás accionistas”, sentenció el columnista.
Subrayó que en un Estado de Derecho a ningún juez que cumpla con los dictados del ordenamiento, le es posible adoptar una decisión que entregue el control de una empresa a un accionista que solo tiene un 30% de ella. Y en este caso, se trata de una empresa clave para la seguridad alimentaria de Colombia.
“Por eso, hago un llamado urgente a la clase dirigente antioqueña, al empresariado nacional, a los trabajadores de estas empresas, para que se movilicen y se pronuncien contra este tipo de procederes. Nutresa, Sura y Argos son patrimonio de miles de familias, generan empleo, apoyan la cultura, son ejemplo de transparencia y aportan al funcionamiento del Estado. Sus directivos, que algunos pretenden vapulear de diverso modo, deben ser apoyados, máxime si por ellos habla una vida honesta, recta y al servicio del colectivo social”, enfatizó el abogado penalista y docente universitario.
A su vez, el columnista hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se ocupe de revisar si la Superintendencia de Sociedades está obrando de forma imparcial como entidad que administra justicia para el sector privado y cuyo rol es fundamental en la seguridad jurídica que requiere cualquier inversionista.
“¿Hasta cuándo tendremos que soportar en Colombia este irrespeto al orden constitucional y legal?”, cuestionó Fernando Velásquez Velásquez al finalizar la columna.
