PANAMÁ (AP) — Estados Unidos, Panamá y Colombia se han propuesto terminar en sesenta días con la creciente migración irregular por la peligrosa jungla del Darién, por donde han cruzado casi 90.000 extranjeros con rumbo a Norteamérica en apenas tres meses.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió el martes con los titulares de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Panamá y Colombia, tras lo cual declararon que impulsarán una “campaña” para “acabar con el movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, tanto por corredores terrestres como marítimos”.
Aunque no precisaron los mecanismo con los que perseguirán ese objetivo, insistieron en que ese movimiento migratorio “conduce a la muerte y a la explotación de personas vulnerables por ganancias significativas”.
Es la primera vez que los tres países —considerados socios en asuntos de seguridad— plantean una iniciativa que parece bastante ambiciosa. Otro punto de la declaración indica que se busca “abrir nuevas vías legales y flexibles para decenas de miles de migrantes y refugiados como alternativa a la migración irregular”, aunque tampoco entra en detalles.
La reunión tripartita se desarrolló en momentos en que el flujo migratorio por el Darién se ha incrementado considerablemente en los primeros meses del año con respecto al 2022, cuando ya se registró un récord histórico con el tránsito de casi 250.000 extranjeros, principalmente venezolanos, haitianos y ecuatorianos. Sólo en el primer trimestre del 2023 ya habían cruzado el Darién 87.390 migrantes con rumbo a Norteamérica.
Este aumento también tiene lugar antes de la finalización —prevista para la segunda semana de mayo— del Título 42, una controvertida disposición puesta en vigor por la anterior administración del presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia que restringe el ingreso de migrantes a Estados Unidos por la frontera sur.
“Debemos hacer mucho más todavía para prevenir este viaje peligroso, personas que ponen sus vidas en manos de traficantes y encaran muchos peligros”, dijo Mayorkas después de la lectura de la declaración conjunta ante la prensa por la canciller panameña, Janaina Tewaney Mencomo. “Nuestro esfuerzo será una campaña coordinada” para enfrentar ese tráfico humano, agregó.
Tewaney Mencomo dijo que los tres gobiernos buscan “un llamado de atención para la puesta en marcha de acciones regionales que logren atender de manera integral esta situación”.
Como en encuentros anteriores, las acciones entre los tres países también implican el combate a las redes de tráfico y trata de personas y bienes en esa zona selvática y sin ley, así como enfrentar la pobreza o mejorar las condiciones en las comunidades fronterizas que lidian con el masivo flujo migratorio.
Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia, dijo que se trata de un plan ambicioso que llega en un momento de “conservatismo” en temas de migración para la administración del mandatario Joe Biden con miras a las elecciones presidenciales. Según el analista, buscarían desincentivar la migración irregular al facilitar la legal, bajar los costos y tiempos de su trámite al mismo tiempo.
En cuanto a la capacidad de Colombia para combatir las redes de tráfico de personas en el Darién, planteó que dado que el país tiene grupos armados “muy sofisticados” que se benefician de esa renta ilegal, no tendría la capacidad con sus fuerzas de seguridad de cambiar dramáticamente las dinámicas de tráfico y trata de personas.
Estimó que será clave ver cómo concluyen los procesos de sometimiento con grupos armados que busca el gobierno colombiano para determinar cómo será la lucha contra redes que directa o indirectamente se benefician ilegalmente de la migración.
En una anterior reunión, celebrada en la zona fronteriza colombiana de Apartadó, en febrero, esos gobiernos esbozaron una hoja de ruta, según dijeron, para “salvar vidas” ante el flujo de movimiento del Darién con la coordinación y cooperación en seguridad y el combate a la desinformación que propagan las redes de tráfico de migrantes.
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La corresponsal de The Associated Press en Colombia, Astrid Suárez, contribuyó con este reporte.
