ARMILA, Panamá (AP) — Ya entrada la noche en una playa en Panamá, un grupo de estudiantes universitarios excava un nido de tortugas marinas en la arena para estudiar los huevos bajo un suave resplandor rojo de las lámparas, registrar el éxito de la anidación y verificar que no haya crías atrapadas en el fondo. Mientras tanto, efectivos armados del Servicio Nacional de Fronteras montan guardia, en una zona conocida por la actividad de narcotraficantes.
Guiaba el trabajo Callie Veelenturf, fundadora un grupo creado para proteger las tortugas laúd y que impulsó una nueva ley en Panamá que otorga a las tortugas marinas el derecho legal de vivir y transitar libremente por un ambiente sano.
La nueva ley “permitirá a cualquier ciudadano panameño ser la voz de las tortugas marinas y defenderlas legalmente”, escribió Veelenturf en un mensaje de texto al abordar el avión a Ciudad de Panamá después de trabajar con su grupo en Armila. “Podremos obligar a gobiernos, empresas y ciudadanos a rendir cuentas legalmente por violar los derechos de las tortugas marinas”.
La ley, sancionada en marzo por el presidente, fue una victoria para la gente que brega desde hace tiempo por los llamados derechos de la naturaleza, el reconocimiento de que los animales tienen el derecho legal de existir y prosperar y de que se puede demandar a quienes violan esos derechos. Los expertos esperan que otros países tomen medidas similares para proteger a las especies amenazadas.
“Las leyes habituales no bastan para luchar contra la crisis de la extinción y el cambio climático”, manifiesta Erica Lyman, profesora de Derecho y directora de la Alianza Global Legal para los Animales y el Ambiente en la facultad de Derecho Lewis & Clark en Portland, Oregon. “Es un intento de crear un nuevo marco que ofrece esperanza”.
Habitualmente, se aprueban las leyes de protección de la vida silvestre que parecen beneficiar a los seres humanos, agrega Lyman. En contraste, la ley panameña tiene en cuenta las necesidades de las tortugas y el hecho de que los seres humanos deben cuidar su conducta en función de esas necesidades.
La ley otorga a las tortugas marinas el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y otros impactos humanos que les causan daños físicos o de salud, como el cambio climático, la captura incidental, las construcciones costeras y el turismo desregulado.
El aspecto notable de la ley es que dice explícitamente que las tortugas marinas, como criaturas vivientes, tienen derechos y especifica esos derechos para que se puedan aplicar, recalca Nicholas Fromherz, profesor adjunto de Derecho y director del Programa Latinoamericano de la alianza.
En 2022, el tribunal supremo de Ecuador falló en un caso sobre un mono criado en una casa particular que los animales tienen garantías básicas bajo la disposición constitucional sobre los derechos de la naturaleza. Fue un paso importante en la evolución del concepto de naturaleza como caso específico de un lugar para incluir los animales salvajes individualmente, explica Lyman.
Para Lyman y Fromherz, la ley panameña y fallos judiciales recientes son prueba de una tendencia hacia la salvaguarda de los derechos legales de los animales. En 2020, una corte de Pakistán —en un caso sobre el cautiverio de un elefante en un zoológico— sentenció que los animales tienen derechos naturales que se deben reconocer. La sentencia, basada en la doctrina religiosa, criticó duramente el trato que da la humanidad a los animales salvajes.
“Hay un impulso aquí”, afirma Fromherz.
Y el movimiento va más allá de los animales. En Minnesota, la Banda Tierra Blanca de la tribu ojibwe aprobó una ley que otorga derechos legales al arroz silvestre y lo reconoció como demandante en un juicio tribal para detener la construcción de un oleoducto. La demanda fue desestimada por razones jurisdiccionales.
Se extienda o no su fundamento, la ley panameña brinda ayuda crucial a las tortugas marinas en un país que contiene algunos de los sitios más importantes del mundo para la anidación de las tortugas laúd y las tortugas carey. Una playa tiene alrededor de 3.000 nidos anuales de tortugas carey.
La organización Sea Turtle Conservancy —con sede en Gainesville, Florida, y que tiene actividad en Panamá y otros lugares en la región— ha entablado reclamos con base en la nueva ley para pedir que la policía y los administradores de recursos naturales intervengan en un sitio de anidación crucial de las tortugas laúd que sufre una intensa presión de los buscadores ilegales de huevos.
Cuando la pandemia impuso una pausa al ecoturismo, la gente que perdió su fuente de ingresos se dedicó a recoger huevos y algunas tortugas para vender la carne y el caparazón, advierte David Godfrey, director ejecutivo de la organización. En una playa se llevaban el 90% de los huevos, acota.
Ya era ilegal en Panamá retirar tortugas marinas y sus huevos de los parques nacionales y zonas marinas protegidas, aclara Godfrey, pero no estaba claro si la prohibición regía fuera de esos lugares y además la aplicación de la ley era débil. Varios grupos de protección de las tortugas cabildearon por una ley que brindara protección y mecanismos de vigilancia y aplicación, incluso con penas de multa.
La ley panameña pena explícitamente a las inmobiliarias irresponsables, los operadores de turismo y otros que trastornan el hábitat de las tortugas marinas y ordena a las agencias cancelar las licencias para operar, señala Fromherz. Prohíbe claramente el comercio interior e internacional de tortugas, sus partes y huevos, con una excepción limitada para la subsistencia de comunidades tradicionales selectas.
Una comisión supervisa la aplicación de la ley, que incluye la investigación, el monitoreo y campañas de concientización y promoción del ecoturismo como alternativa al robo de tortugas y sus huevos.
Las leyes como esta son necesarias porque el reconocimiento de los derechos legales de los animales abre el camino a la salvaguarda de esos derechos y protecciones en los tribunales, expresa Christopher Berry, abogado de un fondo para la defensa legal de los animales.
“Asegurarse de que hay una manera efectiva de sancionar la violación de estos derechos cuando realmente sucede es un aspecto increíblemente importante del derecho animal al que no se presta la debida atención”, agrega.
Según Godfrey, a pesar del regreso del ecoturismo, hay que gente que roba huevos y tortugas en cantidad mayor que antes de la pandemia para mejorar sus ingresos. Espera que la organización consiga que otros países del Atlántico y el Caribe aprueben leyes similares, si esta resulta tan eficaz como esperan.
“Estos animales tienen derecho a existir, nos beneficien o no. Resulta que sí nos benefician en muchos sentidos, pero tienen derecho a existir, aunque no sea así”, afirma. “Y es alentador ver que una nación adopta ese criterio”.
