CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El alcalde de Iguala cuando 43 estudiantes desaparecieron en esa ciudad del sur de México en 2014, y uno de los principales acusados del caso que conmocionó al país y al mundo, fue exonerado por la justicia del secuestro de los jóvenes, informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Luis Abarca, quien seguirá en prisión por otros delitos, es considerado uno de los principales responsables de la desaparición de los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin embargo, las numerosas irregularidades registradas en la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluida la obtención de testimonios bajo tortura, hicieron que muchas acusaciones se cayeran por violaciones al debido proceso y que algunos de los implicados quedaran libres. El entonces procurador general Jesús Murillo Karam está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Abarca también fue absuelto este mes del delito de delincuencia organizada porque el juez consideró que no se demostró su pertenencia al grupo Guerreros Unidos, la organización criminal que participó en la desaparición. Sin embargo, ese mismo magistrado lo sentenció a 92 años de cárcel por varios secuestros agravados cometidos antes de la desaparición de los estudiantes.
A pesar del simbolismo de la exoneración de Abarca, que afectó también a otros involucrados, el presidente López Obrador indicó que el pronunciamiento del tribunal “no afecta” al esclarecimiento del caso "porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos" de llegar a la verdad, dijo durante su conferencia matutina.
Los estudiantes fueron capturados en Iguala por policías de esa localidad con el apoyo de otras corporaciones de seguridad locales, estatales y federales, así como de miembros de un cártel.
El móvil sigue sin estar claro, pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba el grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes que la administración de López Obrador calificó de “crimen de Estado”. Sólo se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.
