El exgerente del Fondo MiVivienda (FMV), José Carlos Forero; el apoderado de la firma Marka Group, Ítalo Arbulú; y el socio y amigo de la empresaria Sada Goray, Martín de Jesús Montoya, abandonaron el país en medio del escándalo de sobornos denunciado en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), según sus reportes migratorios difundidos el martes por la Unidad de Investigación de Canal N.
Forero, quien llegó a dirigir el FMV a raíz de una millonaria coima cursada por Goray, de acuerdo con información recabada por el Ministerio Público, dejó el Perú el 8 de julio de este año y tomó un vuelo con destino a Panamá.
Arbulú, descrito por un colaborador eficaz como “el hombre que maneja las off-shores y que conoce todos los movimientos financieros en el Perú y el extranjero” de la investigada, salió del territorio nacional el 14 de junio con rumbo al mismo país centroamericano.
Y Montoya, a quien se le atribuye el préstamo de 250 mil dólares para pagar una parte de los sobornos dirigidos al exjefe gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, voló el último 12 de julio a España.
Con 31 años y fundador de diferentes empresas en el rubro financiero e inmobiliario, Montoya fue quien vendió el terreno estatal de Chilca a Goray y su pareja, Sebastián Salem, quienes posteriormente lo revendieron a Centenario Desarrollo Urbano (CDU) por US$54 millones.
La empresaria, quien enfrenta un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva, declaró que pagó cuatro millones de soles a Marrufo para lograr que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) “saneara” este predio de 90 hectáreas y para lograr la adjudicación de obras para su inmobiliaria.
Lo que no precisó es que Montoya es, al mismo tiempo, socio y amigo de Salem, padre de su tercera hija y excampeón de golf, también implicado en la trama de sobornos.
“En enero del 2022 entregué [a Marrufo] S/ 50.000; en febrero del 2022 entregué S/ 250.000; en marzo del 2022 entregué S/ 500.000. Estas sumas se las pedí prestadas a Martín Montoya, amigo y socio mío, mediante contrato de préstamo de fecha 9 de diciembre del 2021. En dicho contrato, Martín Montoya me entregó en mutuo la suma de US$250.0000. Dicha suma fue cambiada a moneda nacional y se me entregó en efectivo a mi solicitud”, dijo Goday a la Fiscalía.
Esos 800.000 soles acabarían en manos de Marrufo, quien luego confesaría que parte del monto fue repartido entre el exministro Geiner Alvarado y el expresidente Castillo, presunto líder de la red criminal.
La abogada Pilar Tijero, prima de Mauricio Fernandini y acogida a la colaboración eficaz, ya había referido que Montoya, al igual que los otros implicados, se estaba preparando para salir del país.
“Quiero precisar que Sada Goray, con el fin de evitar cualquier problema con la justicia en el país, se gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana, lo cual hizo también con toda su familia, entre ellos, sus hijos. [También] a su hermano Teisuke Goray; a su madre; a su pareja Sebastián Salem y al abogado Ítalo Arbulú Ortega, entre otros. Tengo conocimiento de que lo mismo estaba haciendo Martín Montoya, pero en el país de España”, dijo.
En otro punto de su declaración señaló: “Goray maneja sus bienes y dinero a través de testaferros y empresa offshore en el extranjero. Una de esas personas era su pareja sentimental, Sebatián Salem Sambuceti, quien el 31 de marzo del 2022 aportó 14 millones de soles para convertirse en accionista e inversionista de Alfin Banco”.
Fuentes familiarizadas con el caso indicaron a La República que estas declaraciones “carecen de sustento” y que Goray no gestionaba la nacionalidad, sino una visa de negocios de República Dominicana porque tenía planeado invertir en ese país. Sin embargo, la reciente información corrobora la declaración de Tijero.
Junto con Goray, detenida en el aeropuerto Jorge Chávez, fue capturado el periodista Mauricio Fernandini, sindicado como el intermediario en el pago de los sobornos. Ambos son considerados por la Fiscalía como piezas claves para desentrañar la trama de Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preliminar por este caso y otros 18 por cargos de rebelión y conspiración.
