Colombia, en las últimas elecciones, eligió el primer gobierno de izquierda en su historia republicana. Los acuerdos de paz de La Habana, firmados entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidos después en reformas constitucionales y legales, pusieron fin al sistema bipartidista – partidos Liberal y Conservador – que se había extendido durante más de medio siglo. Estos acuerdos, además, le abrieron las puertas de la democracia a una izquierda que, mientras duró el conflicto, había sido estigmatizada por su cercanía o simpatía con la guerrilla, en lo que se conoció como la combinación de todas las formas de lucha y permitieron la elección de Gustavo Petro como presidente. Con Petro ganó un país distinto o alternativo integrado por fuerzas sociales, pequeños partidos, sindicatos, cabildos indígenas, intelectuales universitarios, emisoras comunitarias y jóvenes, muchos jóvenes.
Al completar su primer año de Gobierno, vale la pena hacer un balance sobre su gestión, no solo para evaluar avances y constatar reveses, sino para deshacer varios mitos infundados sobre la izquierda en Colombia, que también le conciernen a la de América Latina. El nuevo Gobierno llegó al poder con una propuesta de cambio en tres frentes fundamentales: la paz, la política internacional y el modelo económico de desarrollo.
La paz sigue siendo un anhelo de todos los colombianos. Llevamos más de medio siglo de conflicto, 280.000 muertos y 9 millones de víctimas buscándola. El Gobierno de Petro propone buscar una “paz total” que neutralice la actividad violenta de todos los actores armados ilegales a través de su sometimiento a la justicia, si se trata de organizaciones criminales, o la negociación política, si son grupos alzados en armas. Para avanzar en su estrategia, el mandatario reactivó el proceso de paz con el ELN, que el gobierno anterior había abandonado; enmarcó esta negociación en el respeto al derecho internacional humanitario, la atención de los territorios afectados por el conflicto y la participación de las organizaciones sociales en la construcción de un nuevo acuerdo de paz.
El 3 de agosto empezó un cese al fuego y se instaló un Comité Nacional de Participación, que recolectará las iniciativas de cambio que proponga la gente para llevarlas a la mesa de diálogo con en ELN. Varias organizaciones subversivas han manifestado su voluntad de someterse, en parecidos términos, ofreciendo su desmovilización y desarme. Así mismo, varias organizaciones criminales han mostrado el mismo interés a cambio de algunas garantías y concesiones judiciales. La política de Paz total, aunque un tanto caótica, está resultando.
En la política internacional, el nuevo gobierno empezó con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela como una respuesta a la solicitud de más de dos millones de colombianos y venezolanos que habitan 2.219 kilómetros de frontera común, que la administración Duque desconoció como parte de su política de tender un “cerco diplomático” contra el vecino país que hubiera podido terminar en una guerra.
Esta reapertura de relaciones, favorable a la paz, se consiguió en cuestión de días sin sacrificar los términos de la alianza vigente de Colombia con los Estados Unidos, que ha sido revisada por el nuevo Gobierno para ajustarla a unos presupuestos más pragmáticos, como el reconocimiento del fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”. La renovación de la alianza puso en tela de juicio los vaticinios de la derecha colombiana que se la jugó toda por el presidente Trump contra Biden.
El nuevo Gobierno de Petro, guardando coherencia con su propuesta de campaña, ha cumplido su ofrecimiento de regresar a América Latina reactivando su compromiso con UNASUR, pidiendo el retorno de Chile y Venezuela a la Comunidad Andina, fortaleciendo con Lula el Pacto Amazónico y apoyando el empoderamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual asumirá Colombia la presidencia pro tempore en 2025.
Esta voluntad integracionista también se hizo manifiesta en la disposición del Presidente de iniciar, agotada la vía judicial ante La Haya, una negociación diplomática con Nicaragua sobre un viejo diferendo limítrofe marítimo. Petro ha ampliado el radio de su política exterior con su asistencia a distintos foros multilaterales sobre temas de la agenda global en los cuales Colombia puede reclamar un legítimo espacio de interlocución, como el cambio climático, la transición energética, la defensa del Amazonas como reserva de vida o la política mundial de lucha contra las drogas que hoy se encuentra seriamente cuestionada.
El cambio de Petro también incluye la revisión del viejo e inequitativo modelo económico de desarrollo colombiano para reemplazarlo por un modelo solidario. Para empezar, ha propuesto un paquete de reformas sociales que mejorarían la inclusión, en un momento en el cual Colombia es considerado el segundo país más desigual de la región. Se trata de iniciativas legislativas en áreas como tierras, salud, pensiones, trabajo y educación.
Para enfatizar la importancia de este paso, el Presidente ha planteado la posibilidad de un “acuerdo nacional” que incluya a la sociedad civil en la búsqueda de estos consensos sociales y ha creado un Ministerio de la Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, que será el buque insignia del proceso a favor de mayor igualdad y menos discriminación. La idea es que, a través del acuerdo nacional y con el apoyo del Comité Nacional de Participación acordado con el ELN, sean validadas todas las opiniones sobre el cómo, el quién y el cuándo de las reformas.
Estas son las bases de gobierno que ha presentado el presidente Gustavo Petro en el primer año. Muchos de los juicios, razonables, que hoy se escuchan sobre la nueva administración tienen que ver con la implementación de las reformas, su financiación o sus ejecutores. Para bien, el Congreso aprobó el Plan de Desarrollo 2022-2026, que será la carta de navegación de los próximos años para poner en marcha, de forma organizada, estas propuestas, y aprobó una reforma tributaria, progresiva, que permitió enviar una señal de viabilidad fiscal, que ha sido clave para tranquilizar los mercados y a los inversionistas extranjeros y garantizar recursos para varias de las reformas sociales.
Aunque no hayan cumplido todo su trámite parlamentario, las reformas sociales, columna vertebral de la transformación por la cual mucha gente votó por Petro, han conseguido reinstalar en el relato político temas que habían sido abandonados, como la inclusión social y la participación ciudadana. Frente a ellos ha trascendido la intransigencia de algunos sectores de la política tradicional, militantes de la derecha ideológica, que buscan impedir el avance en temas sensibles que afectan intereses privados, pero el Gobierno sigue mostrando voluntad para abrir una negociación en la que salve su voluntad por construir un Estado que corrija las protuberantes fallas del mercado y garantice así el acceso a derechos básicos.
A un gobierno de izquierda, como el de Petro, también se le juzgará por su capacidad para introducir mecanismos de corrección a las lógicas del mercado que han retrasado por años una inclusión social real. Lo que pase en Colombia en los próximos años puede convertirse en un ejemplo de lo que puede conseguir una izquierda comprometida con los cambios sociales, cuyo aplazamiento tiene mucho que ver con la inseguridad ciudadana que hoy reivindica la derecha, para justificar el populismo punitivo y la restricción de los derechos y libertades como camino para restablecer el orden. Un orden sin igualdad, por supuesto.
Como en el caso de otros gobiernos que comienzan, como el de Lula en Brasil o de Boric en Chile, el Gobierno de Petro puede servir de referente para que los demás gobiernos de la región, en especial los progresistas, entiendan que sus más apremiantes retos tienen que ver con la superación de las brechas profundizadas durante la pandemia, liderar la generación de mayor valor para superar el síndrome extractivista de nuestra estructura productiva, avanzar en una mayor fiscalidad progresiva, ampliar la participación popular para contener el avance de los nuevos poderes fácticos de la derecha, construir una nueva arquitectura de integración regional y prepararse para enfrentar nuevas amenazas como las que plantean el cambio climático, la inteligencia artificial y la lucha contra las drogas.
Todo ello, profundizando la inversión social, respetando sus ordenamientos constitucionales, atendiendo las líneas rojas que exige la estabilidad macroeconómica y respetando la soberanía de los Estados para tomar sus propias decisiones tal y como lo ha venido haciendo Petro en su primer año de gobierno.
