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Procuradora pidió a Ministro del Interior que marchas del 27 de septiembre en Colombia no sean utilizadas con fines electorales

Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación, advirtió sobre las sanciones a las que podrían verse expuestos los alcaldes y gobernadores que participen en el proceso electoral – crédito Sergio Acero/Colprensa

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación por la convocatoria del Gobierno nacional para que los ciudadanos participen en la movilización del miércoles 27 de septiembre de 2023.

Por la marcha, que según el presidente de la República, Gustavo Petro, busca defender las reformas que se tramitan en el Congreso de la República y que son vitales para el éxito de su plan de Gobierno, la titular del Ministerio Público hizo un urgente llamado al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

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Para Cabello Blanco, esta jornada podría usarse como una forma de instrumentalización con fines electorales: pues se acercan los comicios regionales, en los que el partido oficialista, el Pacto Histórico, se jugará el domingo 29 de octubre de 2023 una carta fuerte en Bogotá; y en otras buscará llegar al poder local en otras ciudades y departamentos.

“Hemos recibido quejas, llamas y peticiones en el sentido de que no se cambie la orientación de las marchas y que no se utilicen con fines políticos”, advirtió la procuradora durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales que se efectuó en Cali (Valle del Cauca).

Lanzó advertencia a mandatarios para evitar suspensiones

Al respecto, la titular del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia en Colombia es clara en definir el criterio para entender cuándo se incurre en participación en política. Por lo que hay acciones que ya han motivado sanciones a servidores públicos, como sucedió durante los comicios al Congreso y presidenciales de 2022, cuando varios gobernantes —entre ellos Daniel Quintero, de Medellín— fue suspendido.

“De diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se tiene como participación en política no solo el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse, como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo, la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda”, agregó.

A su turno, Cabello Blanco indicó que es responsabilidad de la Procuraduría y los demás entes de control intervenir en el proceso electoral, cuando no se puede garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.

Llamado para garantizar el orden público en las elecciones regionales

En su visita a la capital vallecaucana, la procuradora también le solicitó a Velasco que de parte del Gobierno se asegure la preservación del orden público de cara a los comicios del domingo 29 de octubre de 2023, y se priorice en los territorios afectados por el accionar de los grupos armados.

“Me preocupa profundamente que la democracia colombiana esté nuevamente en riesgo a raíz del aumento de la violencia. Si no se garantizan unas elecciones libres, transparentes y seguras, el resultado necesariamente será una democracia y una institucionalidad debilitada, y eso no lo podemos permitir”, expresó Cabello.

A su vez, señaló la importancia de unificar las fuentes de obtención de información, pues permiten desde la institucionalidad que exista una fuente confiable que permita identificar, según ella, situaciones particulares en las que sea necesario tomar medidas para proteger a los ciudadanos y sus derechos. “Así evitamos situaciones de desinformación”, reiteró.

En este orden de ideas, indicó que le solicitó al registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, un informe sobre los resultados del primer simulacro de preconteo que se llevó a cabo en varias ciudades del país, con la presencia de ingenieros de la procuraduría.

El mismo dejó en evidencia lo que sería la ausencia de personal en los Centros de Recepción Telefónica (CRT), además problemas de comunicaciones entre los transmisores de los formularios E14 y los call center; además de una baja participación de auditores de los partidos políticos y movimientos de ciudadanos, entre otros aspectos a mejorar.

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