Barcelona, 8 nov. (EFECOM).- El impuesto mínimo para gravar a las multinacionales puede lastrar a los países emergentes para atraer inversión extranjera mediante incentivos fiscales y beneficiar a los desarrollados con mayor capacidad de gasto, según dijo hoy el director de la auditora Ernst & Young (EY) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Rafael Sayagués.
El experto de EY para Centroamérica, Panamá y República Dominicana participó este miércoles en una ponencia en el marco de la Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, que se desarrolla esta semana en Barcelona.
"Las razones por las que una empresa decide invertir en un país u otro no solo son tributarias, pero los incentivos fiscales han sido vitales en muchas decisiones de inversión. Ahora, los países emergentes tendrán que buscar formas para devolver ese impuesto, que ahora no están cobrando, mediante otras vías", ha concretado Sayagués, entrevistado por EFE.
Sayagués, miembro de una de las compañías internacionales más importantes en el sector de la consultoría y la auditoría, ha dicho que los países emergentes, para mantener su competitividad, pueden optar por reducir cualquier otro impuesto directo, incentivar inversiones en I+D o por exenciones en gastos de seguridad social, entre otras medidas.
Sin embargo, en la carrera para ofrecer inventivos monetarios, ha añadido Sayagués, los países desarrollados juegan con ventaja, porque pueden otorgar, por ejemplo, pagos en efectivo por trasladarse a su territorio, que otros países con economías más débiles no pueden ofrecer.
El impuesto mínimo global para multinacionales, un proyecto impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), propone un gravamen del 15 % respecto a los ingresos brutos de las corporaciones internacionales sobre la actividad que desarrollan en cada país.
El objetivo del impuesto es evitar que las compañías concentren los pagos de tributos en unos pocos países, y que cada gobierno reciba los ingresos que le tocan por la actividad de cada firma dentro de sus fronteras, mejorando así, en principio, la recaudación pública a nivel global.
Para el sector empresarial, escéptico en buena parte respecto al impuesto, según ha puntualizado Sayagués, el nuevo tributo hará más complejos los requisitos que las multinacionales deben cumplir para hacer las mismas actividades y perjudicará su competitividad.
Asimismo, ha detallado Sayagués, puede que los costos que genera la aplicación del tributo superen a los beneficios del gravamen y, en último término, el gasto agregado acabará repercutiendo en el precio final que paga el consumidor por el producto.
Según el acuerdo firmado por más de 140 países en el marco de la OCDE, el impuesto mínimo global se empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2024, y recaudará entre un 4 % y un 8 % más en los ingresos mundiales por el impuesto a la renta, que se traduce en miles de millones de euros.
En la práctica, casi ningún país ha adoptado la legislación propia necesaria para poner en marcha el impuesto, pero se prevé que muchos lo hagan en los próximos años, con el sudeste asiático liderando el proceso.
Aunque un país no adopte el impuesto del 15 %, el diseño del gravamen otorga derechos a otros países para que al final ese gravamen se acabe cobrando en alguna parte del mundo, aunque sea en otro Estado, lo que elimina los incentivos de los gobiernos para saltarse el tributo global. EFE
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