María Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria, 29 dic (EFE).- No conocen su edad o no quieren decirla y, además, no cuentan con una documentación que la acredite: esa es la realidad de muchos de los adolescentes que llegan no acompañados a Canarias en cayuco, patera o balsa neumática y que, de determinarse que tienen 18 años o más, vivirán una acogida diferente a si son considerados menores.
"Digamos que hay mucha protección cuando son menores y mucha desprotección y falta de política de integración cuando cumplen la mayoría de edad", dicen a EFE dos responsables de un Dispositivo de Emergencia para Menores Extranjeros no Acompañados (DEMENA) de Gran Canaria, que prefieren mantener el anonimato.
Tras el volumen de llegadas de este año a las islas, que superan ya las 37.000 personas, el Gobierno Canario cuenta bajo su tutela con en torno a 4.500 menores, según indica a EFE la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.
Se trata de una cifra que, sin embargo, fluctúa en función de las llegadas y que depende de la determinación de la edad, que se realiza a través de un proceso que consta de unas pruebas óseas -que según han advertido a EFE juristas expertos a veces establecen unas edades que no se corresponden con la realidad-, una entrevista con un forense y una decisión de la Fiscalía.
En el caso del DEMENA consultado, sólo se ha determinado la edad del 24 % de los menores que acogen y el 76 % restante está a la espera de que se les diga qué edad tienen. Y, en caso de considerarse que tienen la mayoría de edad, deberán salir del sistema de protección del menor.
Si se determina por este proceso que son mayores de edad sus alternativas son cuatro: Solicitar una plaza en un centro de emancipación, que son "muy pocos" y están "saturados, con listas de espera tremendas", explica el personal del DEMENA; que se les facilite un pasaje para la reagrupación si tienen a sus familiares en España o la Unión Europea, u optar por trabajar si en el tiempo que han estado en el centro de menores se ha logrado regularizarlos.
Como a la administración "le cuesta muchísimo" documentar a estos menores no acompañados "hay muchos que salen con 18 años con una mano delante y otra detrás", asegura la abogada canaria de origen saharaui Loueila Mint El Mammy, que acaba de recibir un premio del Ministerio de Igualdad por su compromiso con estos colectivos.
La letrada aboga por "un compromiso de hacer un seguimiento" por parte de la Administración "de todos aquellos menores que alcanzan la mayoría de edad y que van a salir: Uno, porque puede ser que no tengan los 18, que tengan menos, y lo sabemos; o dos, que realmente a una persona con 18 años que ha estado tutelada por sus padres, que son el Gobierno de Canarias, no se la puede soltar así porque así".
Y es que la cuarta opción consiste en quedarse en la calle.
"Sé que desde algunas instancias se niega, pero aquí en Canarias hay extutelados en situación de calle", cuenta a EFE el abogado canario especialista en migraciones, David Melián, y advierte de la situación de vulnerabilidad e invisibilización de aquellos que acaban, por ejemplo, durmiendo en el suelo de la casa de algún amigo, con una depresión y, en ocasiones, con problemas de adicción a sustancias.
"Eso es lo que nos quita el sueño a nosotros", explican desde el DEMENA al señalar que, aunque han sido pocos los casos ocurridos en ese centro, sucede en ocasiones.
"Nosotros podemos pedir ampliaciones (de estancia en el DEMENA), pero realmente son con una justificación; por ejemplo, porque estamos esperando la plaza de emancipación o para que en un mes reciba el salario para poder pagar el alquiler", añaden en este dispositivo donde aseguran que, en la práctica, trabajan como un centro de protección de menores porque los beneficiarios entran de tránsito para dos meses y permanecen allí años.
Los trabajadores de este centro cuentan que otro de los casos por los que se pueden ver en situación de calle es porque, a pesar de estar a la espera de los resultados de las pruebas, estos se emiten, pero no les llegan a ellos, sino que directamente reciben la revocación de desamparo y los muchachos se quedan sin la protección que se confiere a los menores sin conocer en el centro qué edad se les ha declarado.
"A mí lo que más me preocupa es no poder completar los procesos, es algo que al equipo nos frustra, que los menores llegan, comenzamos un proceso de aprendizaje del idioma, escolarización, apuntarlos en el Servicio Canario de Empleo para formarse, hacemos las citas con los consulados y, de repente, se nos corta el proceso porque llega su decreto de mayoría", añaden desde el DEMENA.
Desde este centro advierten de que esta situación de desprotección de los extutelados es similar tanto para los menores migrantes no acompañados como para los nacionales que han estado bajo la tutela del Gobierno canario porque, por ejemplo, se les ha quitado la custodia a los padres y, por la falta de recursos, al cumplir los 18 vuelven al "ambiente tóxico, de drogas y violencia, para poder sobrevivir".
"¿Que sería lo óptimo, porque así lo dice la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor? Que haya una estrategia de transición a la vida adulta de los que han estado tutelados", explica Melián, que dirige el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias.
"Ya no me refiero a los que están en duda, sino que llegas con 15 años y a los 18 no puedes quedar en situación de calle, cuando la ley exige que haya un acompañamiento y que se tengan las herramientas necesarias para vivir de manera autónoma", añade el abogado.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia asegura que, tras ser nombrada para el puesto el pasado julio, se encontró con que "en la última legislatura" recursos del Fondo Social Europeo asignados a su departamento "precisamente para los programas de emancipación plena y de trabajo directo con los extutelados no se habían ejecutado".
"Nosotros los hemos recuperado para el próximo presupuesto con la intención de darle prioridad absoluta", añade. EFE
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