Generalitat, Gobierno de Murcia y Diputación de Alicante coordinan la estrategia de defensa del Tajo-Segura
Representantes políticos y técnicos de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Murcia y la Diputación de Alicante se han reunido para coordinar y perfilar los argumentos de defensa "política y jurídica" del trasvase Tajo-Segura. En concreto, este viernes en la institución provincial alicantina se han reunido el presidente de la Diputación, Toni Pérez; la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna; el secretario autonómico de Medio Ambiente, Javier Sendra; el director general de Agua de Murcia, José Sandoval; y su homóloga en Valencia, Sabina Galindo, según ha indicado la corporación en un comunicado. El encuentro buscaba coordinar la estrategia conjunta, tanto en lo relativo al aumento de los caudales ecológicos, recurrido por las tres administraciones ante el Tribunal Supremo, como a la actualización de las reglas de explotación de este acueducto que el Ministerio de Transición Ecológica abordará próximamente. En relación con el aumento de los caudales ecológicos fijados en la nueva planificación hidrológica del Tajo, se han expuesto los diferentes argumentos técnicos y jurídicos que tanto Diputación, Gobierno de Murcia y Generalitat recogen en sus demandas ante el Tribunal Supremo. En el caso de las dos primeras administraciones, se deben formalizar próximamente. El objetivo, según ha explicado Serna, ha sido "poner en común las estrategias y coordinar la defensa para reforzar de esta forma la posición del levante español ante la nefasta política hídrica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado". Entre los principales argumentos que sostienen las tres administraciones, se encuentra "la arbitrariedad y falta de justificación en la fijación de los caudales", que crecen gradualmente hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo de media en los tramos afectados "sin que existan estudios técnicos y científicos que avalen la subida escalonada" o la "falta de coordinación de los planes de cuenca". Las tres administraciones han apuntado que acompañarán sus demandas de diferentes estudios e informes elaborados por expertos sobre el impacto socioeconómico, medioambiental o hidrológico del recorte del trasvase. En este sentido, durante el encuentro, los técnicos han sostenido que el aumento de los caudales "no garantiza una mejor preservación del ecosistema o de la calidad de las aguas". Respecto a las normas de explotación, que deberían actualizarse en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno de España hace un año tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica, se ha abogado porque la Diputación de Alicante y los gobiernos de Murcia y la Comunitat Valenciana "hagan causa común". De esta forma, han apostado por que planteen al Ministerio de Transición Ecológica una propuesta conjunta en relación con esta cuestión, que "supone también un recorte en el agua trasvasada al Segura". La propuesta pasaría, entre otras cuestiones, por crear un grupo de trabajo técnico entre Administración Central y comunidades autónomas para abordar la actualización de las reglas de explotación. A la reunión también han asistido los expertos hídricos Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua; Joaquín Melgarejo, miembro de la Comisión Provincial del Agua y director de la Cátedra del Agua de la UA; y Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la UA; y la jefa de Servicios Jurídicos de la Diputación, Eva Gutiérrez. Igualmente, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en Les Corts, la diputada María Gómez, y la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, también han asistido.
