El FMI prevé un “crecimiento robusto” para España, pero recomienda un ajuste fiscal de 9.000 millones al año
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha realizado una visita oficial a España en los últimos días en el marco de su revisión económica anual, en la que evalúa la situación macroeconómica, fiscal y las políticas del Gobierno. Las conclusiones de sus técnicos, publicadas este viernes en una declaración final, arrojan valoraciones positivas en algunos aspectos, pero también recomendaciones de las cuestiones a mejorar, siendo los desajustes fiscales los más llamativos.
El organismo dirigido por Kristalina Georgieva reconoce que la economía española ha mostrado “gran resiliencia” en un contexto de debilitamiento del crecimiento en la zona del euro y proyecta que el PIB avance un 1,9% en 2024 (el Gobierno prevé un 2%) y un 2,1% en 2025. El FMI califica estas cifras de “crecimiento robusto” y lo atribuye especialmente al auge de la demanda interna, impulsada por el consumo de los hogares y el aumento de sus ingresos reales. También prevé que la inflación continúe su senda descendente, aunque con repuntes puntuales cuando se retiren las medidas, y que el crecimiento del empleo se modere quedado una tasa de paro estructural del 11%.
Las conclusiones son menos alentadoras para las finanzas públicas. El FMI prevé que el déficit se estabilice “en torno” al 3% y que la deuda pública lo haga en el 104% del PIB en ausencia de medidas adicionales, por lo que recomienda un ajuste. “Se necesita un programa de consolidación plurianual para mantener la deuda en una trayectoria descendente clara y reconstruir el espacio fiscal”, afirman los técnicos. Dicho programa (Plan Estructural) lo tendrá que entregar el Gobierno a la Comisión Europea antes del 20 de septiembre de 2024 en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales.
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En este sentido, el personal técnico recomienda “una reducción acumulada del déficit primario estructural de tres puntos porcentuales del PIB en 2024-2028, lograda mediante un ajuste fiscal anual promedio de alrededor de 0,6 puntos porcentuales”. Esto se traduce en unos 9.000 millones, según la AIReF, aunque si el plan se prolonga a siete años el ajuste se atenuaría al entorno de los 0,4 puntos, algo más de 5.000 millones al año. El organismo argumenta además que este ajuste es posible por el respaldo a las inversiones que suponen los fondos Next Generation.
También apunta a cómo se debe llevar a cabo el ajuste, con un aumento de los ingresos tributarios en el corto plazo, algo que ya ha pedido la Comisión Europea, y con “mejoras en la eficiencia” en el gasto público a medio y largo plazo. “El ajuste fiscal recomendado por el personal técnico podría lograrse suprimiendo las exenciones al IVA, armonizando los tipos de IVA entre productos e incrementando la imposición medioambiental”, medidas que ensancharía las bases imponibles y colocarían a España en el promedio de la UE. El impacto que esto pueda tener en las rentas bajas debería compensarse, reconocen los técnicos. Por otra parte, no rechazan que los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas se hagan permanentes, pero sí piden reformularlos legalmente.
Respecto al gasto, el informe apunta a mayor eficiencia y a vigilar las áreas que más lo presionan al alza, especialmente lo relativo al envejecimiento. Señala como “muy” probable que España tenga que adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y pide que, en caso de activarse la cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones, se considere “un conjunto equilibrado de reformas” y se evite una “dependencia excesiva” de aumentar las cotizaciones sociales por si daña al empleo.
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También plantea que “podría considerarse” una reducción de las tasas de reemplazo, es decir, disminuir del porcentaje de pensión que se cobra en comparación con el último sueldo. Esto se haría extendiendo el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación hasta considerar la carrera completa, algo que ya rechazaron de lleno los sindicatos y una parte del Gobierno. Otra opción consistiría en seguir subiendo la edad efectiva de salida del mercado laboral mediante diversas aciones.
Riesgos por la “fragmentación política”
En cuanto a los riesgos de las perspectivas, el FMI avisa de que la prolongación de la “fragmentación política interna” podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación de las cuentas fiscales, lo que eventualmente podría terminar empeorando la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, sobre todo si las condiciones financieras se endurecieran. Los técnicos reconocen que, hasta el momento, las reformas del Plan de Recuperación y la implementación de los fondos “ha avanzado sin tropiezos”, pero que han “perdido ímpetu en los últimos tiempos” por la compleja situación política.
