Inai investigará difusión de datos de María Amparo Casar
Luego de que la Secretaría de Gobernación compartiera a través de la plataforma X los documentos que integran la carpeta del caso de Carlos Fernando Márquez, quien fuera el esposo de María Amparo Casar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que ya iniciaron una investigación de oficio por la difusión de datos personales.
Y es que en dichos documentos, ahora de dominio público, se encuentran los datos tanto de María Amparo Casar como de su esposo y sus dos hijos.
En el informe emitido esta tarde por el Inai, el instituto señaló que de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República “es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones”, por lo que estaría incumpliendo con los principios y deberes que dicta la normatividad.
Asimismo, el instituto informó que además de realizar la investigación de oficio también se mantendrán atentos a las denuncias que pudieran presentar tanto María Amparo Casar como sus dos hijos, esto debido a la difusión de sus datos personales, por lo que en tal caso el Inai iniciaría con los procedimientos correspondientes.
El Presidente del Inai condena la difusión de los datos personales de los involucrados
El presidente del Inai, Adrián Alcalá, realizó una publicación a través de X en la que expresó su rechazo ante las acciones realizadas por la Oficina de la Presidencia de la República, ya que los datos personales de la familia del fallecido Carlos Fernando Márquez fueron expuestos.
“Condeno enérgicamente la filtración de #DatosPersonales que se ha realizado a través del portal del @GobiernoMX. En una #Democracia, esto representa un ataque a la #LibertadDeExpresión y al derecho humano a la privacidad”, señaló.
Además, expuso que es preocupante que desde la Presidencia de la República no se reconozca la gravedad de difundir datos sensibles sin el conocimiento de las personas involucradas, por lo que aseguró que el instituto tomará las medidas correspondientes ante tal situación.
“Desde el @INAIMexico, de acuerdo con la normatividad vigente, tomaremos las medidas correspondientes para investigar esta situación. Ninguna violación a la privacidad será tolerada, compartió en X Ardían Alcalá
Sobre el caso de Carlos Fernando Márquez
El pasado viernes 3 mayo el titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, compartió en la conferencia matutina realizada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el supuesto caso de corrupción realizado por la también escritora y conferencista María Amparo Casar tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien fuera su esposo.
Márquez Padilla se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, quien tras obtener un contrato de planta y ser considerado empleado de confianza falleció en octubre del 2004, a los 54 años de edad.
Según lo expuesto por el titular, Carlos Fernando Márquez falleció en las instalaciones de Pemex al caer de una ventana del piso 12 del edificio A; sin embargo, los directivos trataron el caso desde el inicio como un accidente y no esperaron el dictamen pericial, el cual determinó más tarde que fue un suicidio. Debido a esto, la pensión que se le otorgaba por la cantidad de 124 mil 948 pesos mensuales fue suspendida.
Además de la exposición del caso durante la mañanera, y de informar que se están realizando los trámites necesarios para que María Amparo Casar devuelva los montos que le fueron pagados, y que en su totalidad sumarían más de 31 millones de pesos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) compartió a través de X los documentos pertenecientes al caso.
En dicha carpeta se encuentran recibos de pagos, el certificado de defunción del extrabajador de Pemex, así como cheques, entre otros, los cuales suman un total de 372 documentos compartidos.
Asimismo, Octavio Romero informó que al verificarse que Márquez Padilla había ocasionado intencionalmente su muerte, se suspendieron de manera inmediata los pagos de la pensión y se realizaron las denuncias correspondientes contra las personas que participaron.