Salen de prisión con cargos el ex presidente de Melilla Aberchán y cuatro ex consejeros tras 71 días en la cárcel
El juzgado ha ordenado este martes la puesta en libertad provisional del expresidente de Melilla entre 1999 y 2000 y actual presidente de CPM Mustafa Aberchán y los ex consejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud) después de estar encerrados en prisión desde hace 71 días. Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgade Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha señalado que adopta esta decisión al considerar que ya no existe el mismo riesgo de fuga ni destrucción de pruebas que el que estableció tras la detención de todos ellos los días 5 y 6 de marzo de 2024. Para la jueza, tras estos más de dos meses de cárcel de los cinco políticos de Coalición por Melilla, "procede acordar su libertad al disminuir la posibilidad de interferir en el curso del procedimiento", entendiendo la instructora que "el riesgo de destrucción de prueba se ha mitigado" y porque no se aprecia el riesgo de fuga "por la existencia de arraigo". El tribunal melillense, tras acordar la liberta provisional del ex presidente de Melilla y cuatro ex consejeros del Gobierno melillense, ha impuesto a todos ellos "la prohibición de salida del territorio nacional, con obligación entrega del pasaporte en el plazo de cinco días y la obligación de comparecer en sede judicial siempre que sean llamados y en todo caso los días 2 y 16 de cada mes". A lo largo de esta jornada están saliendo de prisión, en el caso de Mustafa Aberchán de una cárcel de Santander, Mohamed Ahmed de una de Granada y Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar del Centro Penitenciario de Melilla, donde, en el caso melillense, han sido recibidos en las puertas de prisión por familiares y compañeros de partido. Todos ellos están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.
