“Rafael López Aliaga ha puesto precio a nuestras vidas”: las mafias acechan a trabajadoras sexuales a un mes del cierre de ‘Las Cucardas’

El celular de la activista Angela Villón timbra este viernes en su oficina de la asociación de trabajadoras sexuales ‘Miluska Vida y Dignidad’. Es una compañera de Lince, el distrito donde, a inicios de junio, las mafias dispararon contras dos chicas que se negaron a pagar cupos extorsivos. “Un momentito”, dice antes de atender la llamada.

El despacho se encuentra en un edificio de la avenida Abancay, al frente del Congreso. Afuera, un grupo de manifestantes grita “lárguense, ratas corruptas” o drena su homofobia mientras celebra un dictamen recientemente aprobado por una comisión parlamentaria que pone restricciones al acceso a la educación sexual. El bullicio, sin embargo, no se filtra —no se puede filtrar— hasta esta sala modesta.

“Las chicas están mal, una de ellas con pronóstico reservado —comenta Villón cuando retoma la entrevista—. Hace mucho ellas dejaron de temerle al VIH. El VIH es un tema menor, sobre todo para las compañeras migrantes, cuando verdadero temor es que las maten las mafias, que no lleguen a casa porque las pueden alcanzar las balas. Y Rafael López Aliaga ha puesto precio a nuestras vidas”.

A ella no la alcanzaron las balas, pero sí la violencia policial. Una noche, después de negarse a pagar un cupo a un uniformado, fue torturada en medio de la carretera. La arrastraron, la llevaron a empujones. “Mi cara contra el piso, así, así, así —recuerda—. Unos taxistas que se estacionaron le gritaban a mi agresor: ‘suéltala’, pero él les dijo: ‘le estoy pegando por puta’. Eso me marcó hasta el día de hoy”. Después de un breve silencio dice: “Por eso me convertí en lo que soy”.

Fue la primera mujer en el ejercicio del trabajo sexual que denunció abusos policiales y participó en unas elecciones al Parlamento. Fundó esta organización para enfrentar la criminalización y demandar el acceso a servicios de salud y apoyo social. La nombró así en memoria a una compañera ultimada en la calle. Y fueron tantas: “Si no las matan, las fuerzan a tener sexo por libertad. Eso es violación”.

Aunque dejó de ejercer en 2016, todavía asiste a los prostíbulos de la capital para hablar sobre políticas de salud pública en un país que carece de programas de prevención, educación sobre salud sexual y distribución de preservativos. “El mismo Ministerio de Salud nos niega condones a nosotros como organización. Tenemos que estar pidiendo por aquí o por allá aun cuando tenemos contacto directo con las chicas”, señala.

‘Miluska Vida y Dignidad’ tiene inscritas, a la fecha, a 2,800 trabajadoras sexuales. Dos de ellas, atacadas a balazos por criminales, trabajaban en ‘Las Cucardas’, el emblemático centro nocturno inaugurado en 1973, que fue cerrado de manera forzada hace un mes por la administración del alcalde limeño.

“Prácticamente, cerraron el espacio seguro que teníamos de trabajar. Esos lugares, para nosotras, son privilegiados. Otras recurren a modalidades como la calle, que es más peligrosa; los hoteles, alquilamos departamentos, trabajamos con páginas virtuales. Pero esa modalidad nosotros la llamamos la modalidad del local, que son espacios seguros, donde no estás con el estrés, que si viene la policía, y me va a meter presa. Tienes tiempo para poder negociar el uso del condón, para negociar el servicio con el cliente, nadie obliga, ¿entiendes?”.

En ‘Las Cucardas’, las chicas contaban con limpieza y seguridad provistas por la empresa, junto con exámenes médicos mensuales de secreción, trimestrales de infecciones de transmisión sexual (ITS) y anuales de hepatitis. Ahora, en cambio, están expuestas a ejercer en las calles bajo condiciones inseguras y a merced de redes criminales como el Tren de Aragua y sus facciones sanguinarias.

“Con el cierre ordenado por la gestión de López Aliaga, fueron más de 150 compañeras desalojadas, porque trabajan en dos turnos, mañana y tarde. Hay una mano negra sobre esto. Huele a vicios de corrupción. Las han sacado con abuso de poder y contra la ley”, recalca. Detrás del cierre hay un manto de sospecha: la Municipalidad Metropolitana de Lima lo ejecutó a pesar de que el establecimiento contaba con una licencia vigente y un certificado de seguridad válido hasta 2026. Al cierre de la nota, la comuna no hizo comentarios a Infobae Perú.

‘Las Cucardas’, un mes después

Un perro se guarece en la puerta del inmueble color rosa que se erige en el jirón Ricardo Treneman 875, en el Cercado de Lima. Un mototaxista grita “el chongo está cerrado”. Los choferes se ríen, voltean a mirar con disimulo. La fachada de ‘Las Cucardas’ está salpicada por stickers de clausura dejados hace un mes.

“Pasen, pasen, vengan por aquí”, dice la administradora, que lleva bajo el brazo un expediente, planos del local, permisos reglamentarios. “No venimos desde hace un mes, pero hay que salir a la prensa. Por las chicas y por los que trabajan aquí, porque parece que la municipalidad olvida que aquí tenemos personal, que ahora, literalmente, está en la calle”.

El 15 de abril, inspectores de seguridad realizaron una visita inopinada en la que dejaron 11 observaciones, que fueron subsanadas “en tiempo récord”. Dos días después, confirmaron el cumplimiento de las normas de seguridad. Sin embargo, semanas más tarde, la arquitecta María del Rosario Pflucker informó sobre la falta de aspersores de agua contra incendios, aunque no eran exigibles por ley para el área de entretenimiento de 248 metros cuadrados.

A pesar de cumplir con las normas, el 14 de mayo la Municipalidad de Lima anuló la licencia del local con base en ese informe y al día siguiente el establecimiento fue clausurado. “Nuestra posición nunca fue negarnos a poner los aspersores. Lo que dijimos fue ‘ok, los vamos a poner, pero dennos un plazo’. Incluso, hemos hablado con ingenieros y nos han dicho que instalarlos puede tardar seis meses”, señala la encargada, que guarda su identidad por miedo a la ola criminal.

Después, avanza por los pasillos del local, tantas veces expuesto en programas de televisión, en los que apareció su fundador, un inmigrante japonés de apellido Shimabukuro. Abre la puerta de algunas habitaciones, enumeradas y prolijas, con un botón de pánico. Muestra el escenario envuelto en espejos, donde solían presentarse espectáculos de pole dance y donde ahora hay tacones altos perfectamente alineados; la barra que ya no sirve tragos ni cervezas, pero que aún conserva el olor a tabaco e incienso de jazmín.

“El caso ya está en manos de la congresista Ruth Luque, quien ha atendido el reclamo de las señoritas y ha pedido explicaciones al municipio. Muchas de ellas tienen hijos, pagan sus estudios, su casa. Y, como usted sabe, las deudas no esperan”, sigue. Cuando se le pregunta qué puede haber detrás del cierre, ensaya una respuesta prudente y señala al frente, donde se construirá un complejo de apartamentos: “¿Ves, esa inmobiliaria? ―pregunta— parece que no quiere más a ‘Las Cucardas’”.

El boom urbanístico creció significativamente en Perú en los últimos años, al igual que las olas migratorias de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y venezolanos en distintas fases. Angela Villón señala que este fenómeno también cambió la composición del trabajo sexual. “No hay una cifra exacta de cuántas somos porque tampoco nadie quiere saber de nosotras. La migración, de hecho, ha variado la cantidad. Pero en lugar de políticas, hay muertes a causa de la criminalización”, apunta.

A fines de 2023, por ejemplo, López Aliaga difundió las imágenes de un operativo en los jirones Chancay, Zepita, Larrabure y Peñaloza, donde acabaron 50 personas arrestadas por sospecha en actos ilícitos. “¡Buscamos erradicar la prostitución!”, anotó el burgomaestre junto a las imágenes, sin hacer mención de las mafias. “En lugar de criminalizar, es necesario implementar políticas de protección y regulación que garanticen los derechos y la seguridad de quienes ejercen esta actividad”, replica Villón.

La semana pasada, su organización lideró plantón en las puertas del Parlamento y envió una carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA), al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, para solicitar su intervención.

“Si no nos hacen caso, iremos a las internacionales. Y si no, impulsaremos la revocatoria ―anticipa—. La otra vez una compañera me dijo: nosotras sacamos a ‘Porky’. Si nadie puede, las putas lo sacamos”. Afuera cae la noche. Y llueve.