El Cártel de Sinaloa ha diversificado sus actividades criminales que van más allá del tráfico de drogas, al tiempo de que es considerado como una “empresa transnacional” donde sus brazos operativos llegan, inclusive, a mercados legales que atentan contra el Estado mexicano, afirmó el investigador Edgardo Buscaglia.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala, entre muchas otras cosas, que los traficantes de drogas se están diversificando hacia otras economías ilícitas como el tráfico de vida silvestre, el fraude financiero y la extracción ilegal de recursos, lo que ha generado un desplazamiento de personas que sufren las consecuencias de estos nuevos procesos del crimen organizado.
La UNODC advierte que estas personas desplazadas se ven obligadas, en ocasiones, a recurrir al cultivo de opio o a la extracción ilegal de recursos para sobrevivir, “cayendo en la trampa de endeudarse con grupos delictivos o en el autoconsumo de drogas”.
El Informe de las Naciones Unidas coincide con lo reportado en Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, donde señala que el Cártel de Sinaloa no sólo produce y distribuye fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana.
De acuerdo con la DEA, el Cártel de Sinaloa también se dedica a la extorsión, robo de petróleo (huachicol), robo de minerales, tráfico de armas, tráfico de migrantes, prostitución, cobro de piso y lavado de dinero.
Sin embargo, el Cártel de Sinaloa no sólo se involucra en actividades ilícitas, sino que también lo hace en mercados legales que a juicio de Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center, atentan contra el Estado mexicano.
“El Cártel de Sinaloa está involucrado no solamente en el tráfico de drogas, que cada vez es una menor proporción de sus negocios, sino también en el tráfico de armas, tráfico de farmacéuticos, medicinas legales adulteradas (…). Es conglomerado dedicado a diversos negocios legales e ilegales”, detalló en entrevista con esta casa editorial el investigador, académico en derecho y economía por la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
En los mercados legales, dijo Buscaglia, la organización criminal se ha metido en las industrias del cemento, construcción, agropecuaria, farmacéutica, entre otras.
“El Cártel de Sinaloa se ha expandido a 72 países del mundo, está involucrado en 35 mercados legales y en al menos 23 mercados ilegales, desde drogas hasta el tráfico de autos, armas y falsificación de monedas, adulteración de medicinas. Cuando uno está luchando contra un pulpo con tantos tentáculos corrompe a los Estados para desestabilizarlos”, apuntó.
Uno de los ejemplos que dio el investigador fue lo que sucedió en enero pasado en Ecuador, “donde el Cártel de Sinaloa está involucrado indirectamente (a través de Los Choneros) con el intento de golpe contra el Estado ecuatoriano”.
“Es un pulpo con muchos tentáculos y cada uno de ellos atenta contra el Estado, corrompiendo a sus políticos, corrompiendo a sus jueces. Todo para lograr protección en la expansión de sus mercados legales e ilegales. Es la historia del Cártel de Sinaloa principalmente”, abundó el especialista, quien afirmó que dichos problemas no se resuelven “solamente con tener a un presidente o presidenta honesta”.
“Se requiere de mucha cooperación internacional, de un pacto entre Estado y sociedad civil que México todavía no tiene y de una administración de un Ejecutivo que en el fondo es el que ejecuta las medidas anti mafias”, puntualizó.
En este sentido, el académico criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no aplicar “las 45 medidas que indica la Ley Internacional de la ONU contra la Delincuencia Organizada”.
“México antes aplicaba siete de las 45 medidas, ahora está aplicando solamente dos y mal aplicadas”, aseguró Buscaglia, al tiempo que mencionó que en países como Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile y Brasil sí se aplican dichas recomendaciones.
“En los países donde las instituciones anti-mafia no funcionan son los países en donde la delincuencia organizada aplica más violencia, comete más crímenes de lesa humanidad, o sea, desapariciones forzadas, compra y venta de seres humanos, esclavitud. En el caso mexicano, donde debido a que no se aplica la mayoría de las 45 acciones anti-mafia, eso hace que la delincuencia organizada se comporte mucho más violenta que en otros países”, destacó.
