Diputados: los bloques dialoguistas exigirán cambios al paquete de Seguridad del oficialismo
La ministra Patricia Bullrich será la primera en sufrir el cambio de posicionamiento de la oposición dialoguista, que empezará a despegarse de la línea del oficialismo, pero sin que esto signifique un corte total, por lo que los primeros pasos mostrarán a los bloques debatiendo los proyectos que nacen de la Casa Rosada pero llevando adelante cambios en aspectos centrales. Esto empezará a plasmarse hoy cuando, a partir del mediodía, la Cámara de Diputados comience a debatir en las comisiones el paquete de leyes que surgió del Ministerio de Seguridad que apunta a bajar la edad de imputabilidad y a aumentar las penas al crimen organizado.
Los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO y Hacemos Coalición Federal ya anticiparon que impulsarán cambios centrales en ambos proyectos que modifican sustancialmente la propuesta de Bullrich y su equipo.
El Gobierno quiere que los menores sean punibles a partir de los 13 años —hoy está en 16 años—, pero diputados radicales presentaron varios proyectos para establecer la edad mínima en 14 años. En este sentido, la diputada nacional Roxana Reyes presentó un nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil para darle un tratamiento integral al tema. “Proponemos crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que cumpla con todas las garantías constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales”, destacó Roxana Reyes, en contraposición a lo que establece el proyecto del oficialismo.
Pero este no es el único proyecto radical, ya que los diputados Carla Carrizo y Manuel Aguirre habían presentado otros dos proyectos de ley por los cuales también plantean crear un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El PRO también está en esa línea, con una iniciativa del presidente del bloque Cristian Ritondo y su compañero Diego Santilli. El texto, que se presentó hace más de un año, establece un régimen penal para menores de 18 años y con un piso de 14 años de edad. En ningún caso bajan la edad de imputabilidad a 13 años como busca hacer el Gobierno nacional y que todo hace suponer que no se logrará, ya que ningún sector de la Cámara de Diputados lo apoya. Pero no sólo modificarán la edad de imputabilidad, sino que buscarán eliminar artículos de la ley antimafia que entienden que le da discrecionalidad al Ministerio de Seguridad a la hora de llevar adelante una investigación.
La ley antimafia establece un aumento y equiparación de penas para todas aquellas personas que conformen una organización delictiva, sin importar el rol que cumplan. Y, aunque cuenta con el apoyo de los bloques dialoguistas, hay dos artículos que son centrales en el planteo de la ex candidata del PRO que buscarán eliminar. El primero es el artículo 5, el cual concede facultades especiales a las Fuerzas de Seguridad que son contrarias a la normativa actual y hasta a la Constitución Nacional, según algunos especialistas. En esas facultades especiales le confiere la posibilidad de detener a una persona durante 48 horas sin tener la obligación de dar aviso a la autoridad judicial. “Con esto, podrían tener a alguien detenido dos días sin que nadie sepa su situación, dónde está, ni nada.
Por más que en la reglamentación se especifique en qué casos se puede utilizar, se abre la posibilidad de tener a una persona desaparecida durante 48 horas”, señaló un diputado de la oposición que participará de la comisión que debatirá el proyecto.
El otro artículo que buscarán eliminar es el número 6, el cual habilita a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) del Ministerio de Seguridad que, sin una orden judicial que así lo indique, pueda “requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados”. Es decir, a pedido de la ministra, en este caso, lo podría hacer sin intermediación de la Justicia. En la UCR hay una mirada crítica sobre las últimas iniciativas de la ministra de Seguridad, como la normativa sobre ciberpatrullaje, el denominado “proyecto antimafia”, y que “sin una orden judicial, se pueda juntar información de una persona”, agregó un radical que suele tener un perfil bajo en el recinto, pero no así en el bloque.
