Reforma pensional de Petro empieza a vivir meses decisivos: urge reglamentación de artículos antes de que termine 2024

A partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigor la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

La misma está basada en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y ahorro voluntario), como lo recomendó el Banco Mundial. Ahora, el Gobierno nacional tiene diez meses para hacer las modificaciones necesarias para que esta. Por eso, hay incertidumbre por el poco tiempo que hay para que el nuevo sistema empiece a andar.

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Sin embargo, ya hay avances y lo que queda del segundo semestre de 2024 será vital para la aplicación de esta y más si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ya admitió una primera demanda contra la iniciativa.

Entonces, esta debe afrontar varios retos en los próximos meses. según el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, está la reglamentación de esta.

En dialogo con Infobae Colombia, el también exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia (Carf), exviceministro Técnico de Hacienda y exdirector general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. dio detalles, entre otras cosas, sobre el principal reto para la nueva norma que impactará a millones de colombianos.

¿Qué viene ahora para sacar adelante la reforma pensional?

El reto principal de corto plazo es la implementación. Esa implementación pasa por el tema regulatorio. Se tiene que reglamentar cerca del 60% de los artículos de la reforma aprobada. Esa reglamentación tiene que se consistente e ir de la mano con la capacidad de desarrollo tecnológico que se pueda hacer para que todo funcione muy bien.

Tenemos un segundo semestre de 2024 muy dedicado a la reglamentación. El Gobierno tiene pensada esa tarea y nosotros nos vamos a incorporar. En el primer semestre del próximo año todos los agentes del sistema tendremos que hacer las modificaciones y novedades tecnológicas para que el sistema empiece a funcionar muy bien a partir del 1 de julio de 2025.

¿Cómo se hace este reglamentación?

El Gobierno nacional, obviamente, toma el liderazgo. Definió que la oficina de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, va a ser el centro de operaciones y decisiones. Ahí, de parte del Gobierno, confluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo, por supuesto, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (Uarf), el Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con la planilla integrada de liquidación de aportes (Pila), la Superintendencia Financiera, el Departamento de Prosperidad Social para los temas que no son del debate pensional de la reforma, sino con la parte presupuestal, que tiene que ver con el pilar solidario.

Están Colpensiones y el Banco de la República, como una entidad estatal diferente al Gobierno, pero relevante en este contexto. Además, porque el Banco de la República es infraestructura importante en la Pila. Eso es parcialmente desconocido, pero así funciona desde su creación. Entonces, los canales tecnológicos del Emisor pasan información de la Pila. No la observa, pero tiene que estar integrado.

De parte del sector privado, están los cuatro fondos que existen (Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia) y hacen parte de Asofondos, que es un gremio operativo con un sistema en el que confluyen todos los actores más todos los nuevos actores que puedan aparecer por motivo de la ley.

La ley habilita que los recursos puedan ser administrados otros propios actores.

¿Cuándo empezarías a definirse esa reglamentación? Cómo se define ese proceso?

La expectativa es que que el proyecto de alimentación esté listo en noviembre. Ya estamos en agosto. Es un tema de tres meses en el que hay que reglamentar el 60% de los artículos.

Esa es una tarea que se plantea y debe ser un trabajo mancomunado en el que todas las entidades hablan para que, operativamente, se pueda llevar a cabo.

Se habla una “mini” reforma a la reforma, ¿cree que es necesaria o no?

Nosotros estamos a la espera de que el Gobierno concrete si esos comentarios que surgieron en su momento se van a llevar a cabo. Estamos a la espera de señales de parte del Gobierno. Lo importante es que vamos a empezar a trabajar con lo que está aprobado, porque el tiempo es tan corto que necesitamos aprovecharlo y sacar adelante lo que tenemos.

Cualquier novedad, con respecto a las reglas de juego, que convenga, ya sea de una iniciativa nueva o de fallos de constitucional, por ejemplo, tendrá que ser analizada e involucrada en el proceso en el momento en que se produzca.

Se habla mucho del poco tiempo que hay, ¿Colpensiones si estará listo para empezar a implementar la reforma a partir del 1 de julio de 2025?

Eso es un reto. Colpensiones tiene claro que hay que hacer unas modificaciones importantes. Colpensiones tiene un rol central en el ecosistema y tendrá que moverse al ritmo necesario para integrarse y empezar a implementar y a poner en marcha el nuevo sistema de protección a la vejes a partir del 1 de julio.

El reto que tiene Colpensiones lo tienen también el resto de los actores del ecosistema. El Banco de la República también tendrá que hacer, seguramente, cambios tecnológicos y organizacionales. Igual, las administradoras de fondos de pensiones y Asofondos estamos todos en acuartelamiento de primer grado para llevar esto a mejor puerto, pensando en los usuarios, para que los colombianos no sientan interrupciones en los servicios y que esta transición se debe de la forma más fácil.

Ya se admitió la primera demanda en la Corte Constitucional contra la reforma, ¿qué espera de esta?

En las noticias nos enteramos que se aceptó la primera demanda. Estos actores que mencionamos antes estamos en modo implementación. Entonces, no nos vamos a dejar distraer por las noticias hasta que haya un fallo.

Cuando haya un fallo, por supuesto, nos tocará analizar las implicaciones del mismo, porque el tiempo para la implementación es muy corto y necesitamos aprovechar cada segundo para avanzar, tanto en reglamentación como en implementación tecnológica.

Todos los problemas en la Corte Constitucional tendrán que ser revisados en su momento.

Otra discusión que surgió ahora tiene que ver con las inversiones forzosas que busca el presidente Gustavo Petro para reactivar la economía, ¿estas podrían impacta el ahorro pensional?

El tema de las inversiones forzosas es complicado. Es un tema que tiene impacto sobre el ahorro de la economía. Sin embargo, hasta no conocer en detalle cuál es la propuesta, no nos vamos a pronunciar o no tenemos una posición, porque los efectos podrían ser de cualquier naturaleza.

En Colombia las inversiones forzosas existen hace muchos años, en una magnitud muy pequeña y muy limitada a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y de tasas compensadas para el sector agropecuario.

Para nosotros no es claro que sea un vehículo que haya funcionado de la mejor forma. Hay que esperar a que el Gobierno concrete cuál sería esa propuesta. Tal vez, el único editorial que comparto sobre ese tema es que es posible que haya mejores formas de financiar sectores elegibles a través de, por ejemplo, el Grupo Bicentenario.

Hay alternativas para llevar recursos de ahorro hacia sectores que el Gobierno pusiera elegibles a través de métodos o de tecnologías mucho más probadas como el sector financiero y, en este caso, con el Grupo Bicentenario, que ahora es un nuevo conglomerado.

A propósito de ahorro, se dijo que la reforma acabaría con lo que ahorrado por los colombianos en 2070. ¿eso se puede arreglar?

En el segmento de ahorro que administran los fondos de pensiones, la función social de estos continúa igual. Nosotros continuamos comprometidos con generar rentabilidad al ahorro de los trabajadores colombianos.

La rentabilidad de los fondos de pensiones y cesantías ha estado por encima del 7% en términos reales en los últimos 20 años. Ese es uno de lo valores sociales que las empresas que pertenecen a este gremio le ofrecen a la sociedad. En ese compromiso seguimos firmes.

El rol de las administradoras de pensiones y cesantías permanece en el tiempo, debido a que en la reforma queda que se pueden administrar las cotizaciones por encima de 2,3 salarios mínimos y, hacia el futuro, tendremos licencias modulares y podemos ampliar nuestro objeto social a vigilar los servicios fiduciarios y de comisionistas de bolsa para ser un asset management, un administrador de activos.

Entonces, el ahorro que los colombianos confía en los administradores de fondos seguirá ahí. La metodología de desacumulación de los ahorros, según la nueva reforma depende del momento de pensión de los agentes y, en el plano más general, el compromiso con la sociedad de las administraciones de pensiones continúa siendo un lugar seguro y rentable para el ahorro nacional.