En medio de las negociaciones que están teniendo las distintas áreas de gobierno por la reglamentación de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, almorzarán este martes con los miembros del comité ejecutivo de la UIA, sumamente interesados no sólo por conocer los avances al respecto sino también por plantear su preocupación sobre otros temas, como la multiplicación excesiva de intereses de las indemnizaciones en los juicios laborales (anatocismo), y pedirle a los funcionarios una solución urgente a esta problemática.
Será la primera vez que Pettovello se reunirá con los industriales en la sede de la UIA, ya que el vínculo hasta el momento había sido a través de encuentros con el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja. Los temas educativos serán parte también de la charla, pero el foco será la cuestión laboral, indicaron fuentes de la central fabril.
Los empresarios de la UIA ya le anticiparon a Cordero que uno de los temas que se abordarán en la reunión será el del anatocismo, ya que poder unificar un criterio de actualización de los intereses para que los jueces fallen, en demandas laborales por despidos, en esa misma línea es clave a la hora de prever una contingencia laboral. Además, los montos que surgen son imposibles de afrontar para muchas empresas. En el Gobierno están preocupados por este tema y están analizando la forma de resolverlo, ya que en el DNU boiciteado por la Justicia se le daba una solución, pero luego ello no quedó incluido en la reforma laboral que finalmente aprobó el Congreso con la Ley Bases.
“El Código Civil establece que los intereses los pueden fijar las partes, la ley o el Banco Central. Se está viendo si se puede fijarlos mediante el organismo monetario. Se está analizando, pero hay que avanzar en ese tema porque si no, toman cualquier otro interés y lo van capitalizando”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.
Los empresarios también indagarán sobre cómo marcha la reglamentación de la reforma laboral. Aunque todavía la norma está recorriendo los distintos despachos oficiales, hay algunas definiciones que ya lograron consenso:
- Blanqueo laboral: la norma se refiere a la posibilidad de que, beneficios mediante, los empleadores que tengan trabajadores en negro puedan registrarlos. Los funcionarios les confirmarán a los industriales lo que ya había anticipado este medio la semana pasada: que habrá diferencias en los beneficios que recibirán las grandes empresas, de las medianas y pequeñas. Trascendió que mientras que a una grande se le condonará, si paga al contado, el 70% de la deuda por las cargas patronales no abonadas por los últimos cinco años, a la mediana se le perdonará el 80%, y a la micropyme, el 90%. También habría pago en cuotas para la diferencia, que se ajustaría a un interés similar a la tasa de descuento de documentos.
- Régimen para los trabajadores independientes: la Ley estableció que un trabajador autónomo o monotributista podrá valerse de hasta 3 trabajadores también como monotributistas. En este caso, y tal como pidieron los gremios, serán tratados bajo la figura del monotributo o régimen de autónomos, según cuál fuere el caso. Este punto todavía no se va a reglamentar con mayor profundidad, dijeron en el Gobierno.
- Fondo de cese laboral: finalmente, la reglamentación determinará que habrá un sistema de cese con distintas variables que podrán negociarse entre las cámaras empresarias y el sindicato en el convenio colectivo de trabajo. De esta manera, queda abierto a que las partes puedan definir, si quisieran, de qué modo convenir la indeminzación. Además, sería optativo, tanto para la firma como para el trabajador.
- Bloqueos como causal de despidos: la Ley habilita a que, procedimiento mediante, la empresa pueda despedir con causa a un trabajador que participa de un bloqueo de una fábrica. En este caso, y también por pedidos sindicales, la reglamentación aclararía que para el caso de los delegados, sólo podrán ser despedidos por bloqueos si se realiza el trámite de exclusión de la tutela sindical. Ese punto generó tranquilidad en la CGT.
- Período de prueba: según la Ley, pasó de 3 a 6 meses, pero subirá a 8 meses para las firmas de entre 6 y 100 trabajadores y podrá estirarse hasta 1 año en el caso de las pymes que cuenten con hasta cinco trabajadores. La extinción del contrato durante el período de prueba exime del pago del preaviso, la integración del mes de preaviso y la indemnización por antigüedad. Sobre este punto, el pedido del G6 fue que se ratifique lo expuesto en la Ley y que sea, como debe ser, para los nuevos trabajadores.
