Madrid, 29 ago (EFECOM).- El Gobierno se siente respaldado por Bruselas en su veto a la opa del consorcio público privado húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) sobre Talgo, después de que la Comisión Europea (CE) señalara que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.
"La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico", ha dicho este jueves la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión.
La legislación europea permite a los Estados miembros "restringir" la libre circulación en la Unión Europea (UE) sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser "justificadas y proporcionadas", ha recordado.
Según fuentes del Ejecutivo español, esta posición expresada por la CE "respalda" la actuación gubernamental y las tesis defendidas desde el Gobierno, que decidió no autorizar la opa por riesgos "insalvables" para la protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España.
Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España.
Esta autorización fue solicitada por el inversor como requisito legal previo para la ejecución de la opa por el 100 % de Talgo -que suponía valorar la compañía en 620 millones de euros- "y, por consiguiente, no podrá tener lugar".
Después de hacerse pública la decisión del Gobierno, el consorcio magiar advirtió de que iniciaría "todas las acciones legales a su alcance", tanto en España como en la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta.
El portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, ha indicado hoy que Bruselas no está al corriente de posibles contactos de la empresa húngara afectada con el Ejecutivo comunitario, agregando en cualquier caso que el Tribunal de Justicia de la UE es siempre el último auditor en caso de que haya una queja por parte de una de las partes.
La UE tiene en vigor desde octubre de 2020 un reglamento sobre Inversión Extranjera Directa (FDI) para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público, sin que por ello la UE deje de ser una de las zonas de inversión más abiertas del mundo.
La aplicación de esta normativa, actualmente en revisión para incrementar su eficacia, ha permitido a los Estados miembros tener mejor visión de las inversiones extranjeras en la UE y su impacto transfronterizo.
En todo caso, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas.
La regulación también permite a la CE emitir opiniones cuando una inversión amenace la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro, o cuando una inversión pueda socavar un proyecto o programa estratégico de interés para toda la UE.
Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está a la espera de los próximos pasos que dará el grupo húngaro para decidir sobre el expediente de su opa por el fabricante de trenes español.
Tras el veto del Gobierno, la CNMV no puede autorizar la opa y ahora deberá esperar a que el oferente comunique si pide la retirada de la oferta o si, tal y como ha anunciado, recurre la decisión del Ejecutivo.
A nivel legal, en España, el grupo húngaro podría presentar un recurso contencioso-administrativo, argumentando falta de proporcionalidad o insuficiencia en la motivación del veto del Ejecutivo a la opa. EFECOM
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