Ley de terrorismo urbano: Pleno del Congreso debate iniciativa que impondría penas desde 30 años de cárcel
El Pleno del Congreso de la República debate el proyecto de ley de terrorismo urbano, que busca agravar penas para casos de extorsión, sicariato, entre otros.
El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, presentó un texto sustitutorio para que sea debatida por sus colegas; sin embargo, esto no sucedió, debido a que esto iba en contra de los procedimientos del Legislativo. Esta propuesta cambiaba el término ‘terrorismo urbano’, por el de ‘criminalidad sistemática’.
Luego de una moción de orden de Héctor Valer, de Somos Perú, los congresistas iniciaron el debate del dictamen que se había aprobado por mayoría en la legislatura pasada, en la Comisión de Justicia.
Este proyecto estípula habrá cometido este delito, quien incurra en dos o más actos, como extorsión, sicariato y secuestro, para generar “zozobra en la población o en un sector de ella, con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevalencia o hegemonía en la actividad criminal”. La sanción para este ‘terrorismo urbano’ será de una pena entre 20 y 30 años de cárcel, con 365 días-multa.
La iniciativa legislativa también plantea que la pena será mínimo de 30 años, en cualquiera de estas agravantes:
- Si el agente o alguno de los que realiza terrorismo urbano, es de nacionalidad extranjera.
- Si el agente pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
- Si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos.
- Si el agente posea, use o emplee armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía.
- Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de una cárcel, donde se encuentre internado.
- Si el agente utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión.
- Si su comisión conlleva una pluralidad de víctimas.
- Si su comisión tiene carácter transnacional.
Durante el debate, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, recordó que “las penas no disuaden el delito en el Perú ni en ninguna parte del mundo”.
Por su parte, Ruth Luque, Sigrid Bazán, y Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, también se mostraron en contra de aprobar esta normativa.
Por ejemplo. Luque mencionó que “no hay una finalidad objetiva para luchar contra la inseguridad”, ya que la propuesta solo tiene de nuevo el cambio de nombre a ‘terrorismo urbano’. Asimismo, sostuvo que en lugar de esta iniciativa, el Pleno debería estar debatiendo la derogación de la ley del crimen organizado.
Susel Paredes, en su turno, dijo que este tipo de tipificaciones era un “ejemplo de populismo penal”. “Esto es un absurdo total desde su nombre. El terrorismo urbano no existe. Hurtado pozo señala que el terrorismo está relacionado con fines políticos, aseveró.
“No engaños diciendo que vamos a subir las penas, cuando la extorsión tiene cadena perpetua (…). La Confiep tiene toda la razón: deroguemos la ley 32108. Lo dicen también los transportes. Repensemos, hagamos las cosas bien”, agregó.
La propuesta de Dina Boluarte
El Gobierno de Dina Boluarte presentó una nueva legislación que busca endurecer las penas para quienes cometan actos de terrorismo urbano. La iniciativa, presentada al Congreso de la República, sugiere la incorporación del artículo 315-C al Código Penal Peruano, estableciendo penas de hasta 30 años de prisión para aquellos que generen “terror o zozobra” mediante delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato.
Además de las penas por terrorismo urbano, la propuesta legislativa busca aumentar las sanciones para delitos relacionados como la extorsión y el sicariato.
En las disposiciones complementarias, se establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), que sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones durante un estado de emergencia, serán investigados y procesados en fueros militares. Esto implica que sus casos no serán vistos por juzgados civiles, sino por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
