El Gobierno de México interpuso una demanda contra 10 compañías estadounidenses fabricantes de armas en un tribunal federal de Massachusetts, acusándolas de facilitar la venta de armas a los cárteles del narcotráfico.
Básicamente, las autoridades mexicanas responsabilizan a los fabricantes de armas de Estados Unidos por la violencia desenfrenada que aqueja al país.
Por ello, buscan una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares (USD). Entre las empresas señaladas se encuentran Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company.
El gobierno mexicano cuenta con dos argumentos principales en este caso. El primero versa concretamente sobre un tema de marketing. Y es que en la demanda se detalla que los fabricantes de armas han comercializado en formas que apuntan específicamente a los cárteles de la droga.
Como ejemplo, señalaron el caso de la periodista de investigación Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua.
En marzo de 2017, le dispararon ocho veces mientras estaba en su automóvil con uno de sus hijos, a quien estaba a punto de llevarlo a la escuela. El arma que se utilizó para matarla fue una pistola Colt 38 de edición especial, la cual estaba grabada en un lado con el rostro de Emiliano Zapata, y en el otro lado con una frase que comúnmente se le atribuye al revolucionario: “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
El gobierno de México argumenta que ese grabado es el tipo de marketing que se dirige específicamente a los cárteles de la droga.
Cabe señalar que expertos legales estadounidenses han señalado que es perfectamente legal grabar una pistola con la imagen de Emiliano Zapata o cualquier otro héroe revolucionario mexicano. Por ello será muy difícil demostrar que ese tipo de marketing apunta específicamente a grupos del crimen organizado.
El segundo argumento hace hincapié en la forma en que los fabricantes de armas venden su mercancía. El gobierno mexicano argumentó que los fabricantes de armas no están haciendo un monitoreo correcto de seguridad para asegurarse de que sus armas no lleguen a compradores falsos que luego se encargan de traficarlas a México.
Las autoridades mexicanas afirmaron que los fabricantes de armas comercializan con cualquier distribuidor que cuente con una licencia, esto a pesar de los múltiples señalamientos contra los distribuidores por supuestamente conspirar en última instancia con compradores falsos.
De acuerdo con el diario The New York Times, este también será un argumento complicado de demostrar en la corte, no solo por el hecho de que fueran descuidados, sino también que los fabricantes de armas realmente sabían exactamente a dónde iba destinada su mercancía. El descuido no es considerado un delito, por lo que debe cumplir con un estándar legal bastante alto para que ese argumento se lleve a cabo en los tribunales.
El propio gobierno mexicano ha reconocido que existe una barrera muy alta para aclarar estos estándares legales en los EEUU. Sin embargo, recalcó que también podrían presentar lo que sería un argumento legal completamente nuevo enfocado principalmente en la PLCAA, un estatuto federal que protege a los fabricantes de armas.
México argumentó que ese estatuto federal nunca contempló lo que sucedería si un país extranjero presenta una demanda contra los fabricantes. de armas. A pesar de que esta la ley impide que las personas demanden a los fabricantes de armas por delitos cometidos con armas estadounidenses en Estados Unidos, adviriteron que ello no aplica si los delitos se cometieron en otro país.
El tribunal federal de Estados Unidos que examina la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra los principales fabricantes de armas, fijó plazos para los primeros procedimientos del caso, aseguraron este domingo funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La semana pasada, el tribunal de Massachusetts aprobó el calendario propuesto por las partes relevantes. “Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponerse a las defensas legales que consideren pertinentes”, informó en un comunicado
Posteriormente, el gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder y las empresas demandadas deberán presentar su respuesta antes del 28 de febrero de 2022.
El pasado 17 de septiembre, el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición de los abogados de las 11 empresas armamentistas denunciadas para que los próximos movimientos puedan llevarlos a cabo de manera conjunta.
que las 11 empresas armamentistas que fueron denunciadas por el gobierno federal vayan en bloque, en un juicio civil con el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes.
Se espera que el proceso concluya en el primer semestre del próximo año.
México, con una población de 126 millones de habitantes, se ha visto afectado por una violencia letal generalizada desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón inicio la controvertida Guerra contra el narco.
Desde entonces, según cifras del gobierno, más de 300.000 personas han sido asesinadas en México, la mayoría por armas de fuego y en hechos relacionados con el narcotráfico.
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