El jefe de la narcobanda rosarina “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, uno de los capos más temidos de la Argentina, fue condenado en el mediodía del jueves a 22 años de cárcel en el séptimo juicio que enfrentó en su extensa trayectoria criminal. En esta ocasión, fue acusado de instigar siete de los diez ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios judiciales ocurridos en 2018 en esta ciudad santafesina. Para los acusadores, Cantero -hoy preso en Marcos Paz, donde se le encontró un teléfono fijo en la celda– ideó desde la cárcel varios ataques ocurridos aquel año, con el presunto objetivo de “tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público”.
Entre los blancos de los 12 hechos cometidos en 90 días se encuentra, por ejemplo, la sede de la Policía de Investigaciones y la sede del Ministerio Público de la Acusación santafesino. El acusado de haber lanzado una granada a la PDI fue un adolescente de 14 años.
El tribunal integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto dictó la pena en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, lugar que también fue baleado por la banda de Cantero en 2018. Los fiscales del juicio, Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, pidieron al tribunal una pena de 24 años de prisión para Cantero mientras que su abogado defensor solicitó la absolución o, en caso de ser condenado, un castigo de 6 años y 8 meses de privación de la libertad.
Todos los planteos de su defensa fueron denegados y se unificó la nueva condena a una pena previa de seis años: así, el cómputo se convierte en 28 años.
Marcogliese aseguró que “no había precedente” en la imputación, con ataques “que desafiaron y negaron al poder del Estado, que es el de la sociedad en su conjunto”. “Esperamos que esto sea un hito, un freno a las organizaciones que ponen en vilo a las instituciones democráticas”, afirmó antes de leer el veredicto. Pidió “políticas públicas comprometidas” y que se “garanticen los recursos necesarios, que trasciendan a gobiernos y gestiones”.
Definió en su lectura a Cantero como un instigador en siete de los hechos, con ataques que comenzaron en la condena a Los Monos de 2018 por asociación ilícita y un traslado dispuesto a fines de mayo del capo a una cárcel federal de Chaco, ocurrida ese mismo año. “El análisis permite un panorama general sobre el cómo, el quién y por qué materializaron los hechos aquí ventilados”, aseguró la jueza, que ponderó la solidez de las pruebas. “Los objetivos agredidos se vincularon a dos de los jueces que condenaron a Ariel Cantero en primera instancia, a dos comisarios que integraron la Policía de Investigaciones en esa causa y a dos juezas de la Cámara de Apelaciones”, siguió. Vinculó al capo a tres bandas de Rosario entre los que se encuentran varios de sus co-imputados. “Desde su lugar de detención” se comunicaba con tres de los acusados para concretar los ataques.
Cantero, de 32 años, desafió a los magistrados al comienzo del proceso al decir que como ocupación tenía “contratar sicarios” para balear a jueces, ya fue condenado en otras seis oportunidades por delitos como homicidio, amenazas, portación ilegal de armas, secuestro extorsivo y narcotráfico, por los que acumuló penas por 62 años que aún no fueron unificadas. Cuatro de esas condenas fueron por delitos cometidos mientras estaba en prisión, situación que no menguó significativamente su actividad criminal.
El fiscal Edery, realizó una fuerte revelación en la previa de la lectura del veredicto. Edery, uno de los fiscales más significativos de la Justicia rosarina, acostumbrado a investigar junto a funcionarios como Luis Schiappa Pietra, aseguró: “El negocio real es el negocio de la venta de violencia; por cuatro mil pesos se puede contratar a un sicario. Tenemos un caso en la localidad de San Lorenzo que fue así”.
“Los integrantes de Los Monos lo que tienen en común es que responden a ‘Guille’ Cantero, pero después cada uno tiene su propio negocio. Cantero y su gente no venden droga, sino violencia. Tuvimos casos casos de empresarios que contrataban para matar al rival en una empresa comercial común, los montos son variables”, continuó Edery en diálogo con Radio Con Vos.
En el proceso, los fiscales también pidieron las penas para los coimputados. Fueron 24 años para Matías César y su novia, Lucía Uberti; 13 años para Daniel “Teletubi” Delgado –condenado por el triple crimen de militantes sociales de Rosario- y Leandro Olivera; 12 para Leonel Fernández y 9 y seis meses para Damián Chávez.
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