“Rompe el silencio”: la campaña del gobierno ecuatoriano para luchar contra la violencia de género
El gobierno ecuatoriano lanzó una campaña para prevenir y erradicar la violencia de género denominada como “Rompe el Silencio”. La iniciativa esta orientada a combatir la creciente ola de violencia contra las mujeres y los niños, y funciona a través del sistema de seguridad ECU-911. La campaña incluye la difusión de mensajes a través de los canales de comunicación del ECU-911 para incentivar a las personas a participar activamente en la prevención y denuncia de la violencia familiar. La idea es que los ciudadanos tomen medidas cuando sean testigos de un acto de violencia en su barrio, en su familia, en su entorno social o en su comunidad.
La iniciativa surge tras la investigación que impulsa Fiscalía de la Nación por el femicidio de María Belén Bernal en cuyo caso el principal sospechoso es su esposo, Germán Cáceres, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, aunque según las autoridades la última vez que se lo vio fue el mes pasado en Medellín, Colombia.
El ECU-911 recibió cerca de 85.000 alertas de violencia intrafamiliar solamente en este año, de las cuales el 58% se relacionaron con violencia psicológica contra mujeres o familiares, el 29% están relacionadas con violencia doméstica y el 13% con violencia física o sexual contra mujeres o familiares. Las provincias donde se producen la mayor cantidad de denuncias son Guayas, Pichincha y Manabí. Se estima que debe haber un subregistro de denuncias y denunciantes.
Cuando se habla de violencia intrafamiliar, debe entenderse que no se refiere sólo a la agresión física o sexual, sino también a los ataques emocionales que afectan la psique de un individuo. Por ejemplo, se ha informado que los niños que son testigos directos de una agresión tienen más probabilidades de experimentar depresión y otros tipos de síntomas emocionales, lo que los convierte también en víctimas de una agresión.
Desde el punto de vista de la violencia sexual, hay garantías en los derechos humanos, la Constitución de la República Ecuador 2008, y los principios de la protección de las mujeres. En todos los casos hay mecanismos de prevención a los ataques en contra de la identidad, la sexualidad y la etnia, priorizando la atención a las niñas, las mujeres embarazadas y las víctimas de violencia en el hogar.
Para el caso de cometimiento de delitos, la legislación penal ecuatoriana adoptó definiciones de violencia como que se encuentran establecidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1979 para atribuir penas que van de los veintidós a los dos treinta y cinco años de prisión en caso de muerte como consecuencia de violencia de género. Esta normativa penal establece un marco legal punitivo que de alguna manera pretende restar importancia a las estadísticas mostradas por el ECU911 que lamentablemente definen a Ecuador como una sociedad altamente machista.
A nivel internacional, el estado de Ecuador firmó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1979 y Convención Interamericana de Belem do Pará de 1994 que establecen los principios internacionales para proteger los derechos humanos en Ecuador y en el mundo occidental. Bajo estos reconocimiento, el Ecuador tiene una obligación en el mismo alcance, de acuerdo con los más altos estándares, tratados y contratos internacionales, por lo que el estado ecuatoriano debe protección a las mujeres contra la violencia sexual y garantiza la protección.
El presidente Guillermo Lasso se reunió esta semana con mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil para trabajar una política que permita erradicar la violencia de género. La sesión se produjo luego de las fuertes críticas a la administración de Lasso que cuestionan la falta de enfoque de género y de mujeres en cargos de toma de decisiones. El gobierno de Lasso tiene consejeros presidenciales, ministros, secretarios y gobernadores. Menos del 30 % son mujeres.
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