Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma educativa para que los miembros grupos vulnerables de México que quieran estudiar el nivel superior puedan llegar a titularse y mejorar sus condiciones de vida.
Para poder materializar esta proeza, Mier Velazco planteó este jueves 2 de febrero modificar la fracción XI y adicionar las fracciones XXX y XXXI al Artículo 10 de la Ley General de Educación Superior (LGES), por lo que la iniciativa fue turnada al as comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
Para justificar esta iniciativa, el presidente del Senado argumentó que con estas modificaciones la ley obliga a fomentar valores cívicos que fortalezcan las relaciones en la sociedad y combatan el rezago educativo.
En el texto se incluye en la Ley la promoción permanente de los procesos de diagnóstico, para que los grupos vulnerables socialmente logren concluir sus estudios, que no haya deserción escolar y que ese sacrificio de más de 20 años culmine con un título profesional que les permita recibir un salario digno.
El legislador de Morena destacó en el documento, que la educación ha adquirido mayor relevancia debido al avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues en las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción.
“Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación”
Aunado a ello, se espera prevenir y atender la deserción escolar y el rezago educativo, particularmente la de sectores en vulnerabilidad social. Agregó que de la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen de la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.
Es en este contexto en el que contrastó con la experiencia mundial, pues ésta muestra la existencia de una relación entre el nivel de desarrollo con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica.
“Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%”
Finalmente, consideró que quedaron atrás los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación como un gasto. “En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social”.
Cabe destacar que con la llegada del COVID-19 a México, en febrero de 2020, el gobierno de México implementó una serie de estrategias para prevenir los contagios desbordados, esto porque no se tenía fecha de entrega de una vacuna efectiva y segura contra el SARS-CoV-2, por lo que, en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se sumó al programa “Jornada Nacional de Sana Distancia” en el que se inhibió la movilidad y las actividades sociales presenciales.
Esto conllevó que se implementara la dinámica “Aprende en Casa”, donde, apoyándose de herramientas digitales, se dio continuidad al ciclo escolar, de tal modo que, las instituciones de nivel superior replicaron la dinámica, esto incluyó a instituciones autónomas y privadas; sin embargo, el acceso a estas herramientas fue un factor determinante para poder garantizar la educación, propiciando el rezago ante circunstancias de desigualdad.
Y es en este contexto en el que las y los legisladores se propusieron implementar modificaciones al marco legal mexicano para garantizar que los grupos vulnerables puedan tener acceso a la educación superior y que tengan, al mismo tiempo, una oportunidad viable de terminar sus estudios.
