En una decisión dividida, la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular del diputado del PRO Gerardo Milman, en el contexto de la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sucedido hace casi un año. El fallo establece el análisis de los teléfonos desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023, limitándose únicamente a los hechos relacionados con esta pesquisa. El material estará exclusivamente a disposición de la jueza María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, la decisión presenta desafíos: si el legislador decide no entregar su dispositivo, la Cámara de Diputados tendría que iniciar un proceso de desafuero para acceder a las comunicaciones del mismo, según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, frecuentemente criticados por el kirchnerismo, el intento de asesinato es un asunto de gravedad institucional y es esencial investigar a fondo para eliminar cualquier duda al respecto.
“Ya hemos mencionado la importancia institucional del ataque a la Vicepresidenta de la Nación. Es nuestro deber jurisdiccional aclarar cualquier incertidumbre relacionada con los indicios presentes en el expediente. Esta es la vía adecuada para responder a la víctima, la sociedad y al propio diputado, quien tiene el derecho de que se aclare con certeza cualquier suposición sobre sus declaraciones y cualquier posible participación en el evento”, señalaron en el fallo al que tuvo acceso Infobae. Por otro lado, el juez Mariano Llorens argumentó, en línea con una resolución previa, que la llamada pista Casablanca no ha producido resultados y, por lo tanto, no es justificable invadir la privacidad sin evidencia concreta.
El requerimiento fue impulsado por el fiscal Carlos Rívolo, tras una declaración reciente de una asesora del diputado. Ella relató cómo le habían borrado el teléfono y cómo podría haber sido manipulado el del legislador. A partir de esto, la fiscalía solicitó el análisis del celular de Milman, aunque para la fiscalía, él no estaba formalmente imputado. Sin embargo, el diputado optó por presentarse con un abogado defensor y solicitó que no se incautara su celular, argumentando que era “una excursión de pesca”. Los abogados de CFK, por su parte, demandaron su secuestro.
Todo se fundamenta en la hipótesis surgida de la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri. Él testificó en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 17 del viernes 23 de septiembre. El ataque había ocurrido la noche del 1° de septiembre.
Abello aseguró que el 30 de agosto asistió a una reunión en el anexo de Diputados y posteriormente almorzó con su cuñado, ajeno a la política, en el restaurante Casablanca, ubicado cerca del Congreso. Allí mencionó haber visto a Gerardo Milman acompañado de “dos jóvenes muy elegantes”. Se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. A pesar de la cercanía, afirmó haber escuchado a Milman decir: ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’.” Según su relato, envió este mensaje a su superior.
La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo revisaron las grabaciones de las cámaras de la Ciudad para verificar la presencia de Milman y confirmaron su estancia, identificando también a las dos colaboradoras del diputado del PRO. Al ser interrogadas, ambas negaron haber escuchado tal declaración de su jefe. Durante este proceso, la parte acusadora solicitó a la jueza el secuestro de los teléfonos de las mujeres, pero la magistrada consideró que la petición carecía de fundamentos. Esta decisión generó tensiones entre la jueza y Cristina Kirchner, quien a través de redes sociales acusó a Capuchetti de obstruir la investigación y solicitó su recusación, petición que hasta el momento ha sido denegada.
A finales de noviembre, la Cámara Federal estableció una serie de acciones para esclarecer la pista Casablanca: determinó que Abello y dos diputados del Frente de Todos debían testificar para conocer su conocimiento sobre la hipótesis. Estos diputados son Marcos Cleri y otro cliente del bar Casablanca presente en ese momento, Mario Leito.
Se citó a Abello, pero se informó que sufrió un ACV el día que debía comparecer, y desde entonces no ha testificado nuevamente. Leito ofreció su declaración desde Qatar vía zoom durante el Mundial, asegurando no haber escuchado nada. Según la información a la que accedió Infobae, Cleri confirmó haber recibido el mensaje de su asesor en ese periodo y declaró haberlo comunicado una semana después al diputado Rodolfo Tailhade y al equipo jurídico de la vicepresidenta, el 7 de septiembre. Al ser cuestionado sobre la demora en informar a la justicia, el testigo indicó que confiaba en que Abello se presentaría ante las autoridades.
Tras conocerse la versión de Abello, Milman presentó un escrito en el caso de Capuchetti para refutarlo: “jamás realicé una declaración como la que el ‘Testigo’ ha intentado atribuirme, desconozco con qué intenciones ocultas” y presentó una denuncia por falso testimonio en otro tribunal.
Lo cierto es que el 1° de diciembre, después del fallo de la Cámara Federal, las asesoras entregaron sus teléfonos celulares y sus claves, tal como lo solicitaba la querella de Cristina Kirchner. Gómez Mónaco especificó que había cambiado su dispositivo, pero mencionó que el anterior estaba en posesión de una hermana suya y que podía proporcionarlo. Bohdziewicz admitió haber eliminado fotos tras asesorarse, ya que temía la filtración de imágenes íntimas. “Quiero aclarar que las eliminé. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que podían vulnerar mi privacidad si solicitaban mi teléfono. Por eso busqué asesoramiento”, expresó.
Sin embargo, a principios de mayo, Bohdziewicz compareció en tribunales acompañada de un abogado, solicitando declarar. Al presentarse ante la fiscal Alejandra Mangano, quien en ese momento suplía a Rívolo, la mujer declaró que había perdido su empleo desde enero, se sentía presionada por una ex amiga y deseaba revelar que el teléfono había sido borrado en unas oficinas de Patricia Bullrich en la Avenida de Mayo, durante una reunión en la que participaron Milman, Gómez Mónaco y un asesor tecnológico. “Estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban muy activos. Entonces decidieron borrar todo y yo accedí. No pensé que sería tan grave y que me afectaría hacerlo”, afirmó Bohdziewicz según la declaración a la que tuvo acceso Infobae. De hecho, insistió en que no se mencionó el atentado ya que ella no estaba al tanto. También mencionó que el supuesto experto que borró el teléfono no lo hizo correctamente, pues al adquirir un nuevo dispositivo y colocar el chip, toda la información eliminada reapareció. Para ese momento, la PSA ya había recuperado todo el contenido y estaba en proceso de análisis. Además, indicó que su ex amiga poseía una línea telefónica no declarada, lo que llevó a la justicia a ordenar el secuestro de dicho teléfono.
El fiscal, por su parte, no solo envió a juicio oral a los tres detenidos en la causa: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados del intento de asesinato; y a Nicolás Carrizo, líder de los copitos y señalado como un partícipe secundario. En el proceso, el fiscal descartó que los copitos hubieran recibido financiamiento para ejecutar su plan, concebido desde el 20 de abril. Sin embargo, también ordenó intensificar la investigación en curso y solicitó el secuestro del celular de Milman. “Dada la declaración y considerando la sospecha de que el Diputado Nacional Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el propósito de eliminar o intentar eliminar información relevante para la investigación, se determinó proceder al secuestro” de su dispositivo, indicó la fiscalía. La jueza lo desestimó. Esta decisión es la que actualmente revisa la Cámara Federal.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi enfatizaron “la excepcionalidad de las presentes actuaciones debido a la gravedad del hecho objeto de investigación” y, en este contexto, indicaron que “no deben limitarse las diligencias -siempre que sean pertinentes- que permitan avanzar o descartar responsabilidades en la investigación”.
“Nos encontramos ante un hecho histórico sobre el cual no debe quedar ninguna duda sin esclarecer. Siempre que exista una sospecha y una posibilidad de avanzar en la búsqueda de la verdad, las diligencias probatorias no deben limitarse, siempre respetando los derechos y garantías que el proceso exige”, manifestaron los jueces.
Para Bruglia y Bertuzzi, “el secuestro del celular del Diputado Milman está debidamente justificado en los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal, lo que hace admisible dicha medida en línea con la hipótesis delictiva investigada. Independientemente de los resultados obtenidos hasta ahora, es esencial, para agotar esta línea investigativa, descartar cualquier mínima duda al respecto”.
No obstante, los jueces señalaron que “la extracción de información del teléfono deberá circunscribirse a un periodo específico y prudente -desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023- y centrarse estrictamente en el análisis del contenido relacionado con los hechos tratados en este caso, protegiendo toda información no vinculada directamente con el mismo”.
“Para garantizar esto, es esencial que, una vez obtenidos los primeros resultados, dicha información sea recibida exclusivamente por el juzgado. De esta manera, la magistrada podrá determinar qué datos no pertenecen al expediente –ordenando su eliminación– y cuáles sí pueden ser utilizados por los auxiliares de justicia y ser conocidos por todas las partes involucradas”, estableció la resolución. Los magistrados también accedieron a la solicitud de la querella para que el análisis del celular de Carolina Gómez Mónaco, secretaria de Milman, abarque el mismo intervalo temporal.
Por su parte, en línea con su decisión previa respecto a la apertura de los celulares de las secretarias de Milman, el juez Llorens respaldó el criterio de Capuchetti y sostuvo que no existían fundamentos para continuar con esa línea de investigación. “Si los peritajes realizados a los celulares de Bohdzewicz y Gómez Mónaco no han proporcionado evidencia relevante, cabe cuestionarse el motivo para persistir en esa dirección. En este contexto, solo puedo concordar con la Juez de instancia en que, basándonos en la evidencia actual, no se cumplen los criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad establecidos por la CSJN, que sirven como principios guía al decidir sobre la pertinencia de una intervención de esta naturaleza”.
Llorens añadió: “Estoy plenamente consciente de la gravedad del delito bajo investigación y sus implicaciones institucionales, algo que hemos subrayado repetidamente desde esta Sala. Sin embargo, ello no puede, por sí solo, justificar una intrusión en la privacidad que no tiene respaldo evidencial y que se basa únicamente en una hipótesis sin fundamento concreto. Por lo expuesto, mi posición es ratificar la resolución en cuestión en lo que respecta a rechazar el secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman y la extensión del plazo solicitado. Esto no impide que, con el avance de la investigación y si se presentan pruebas sólidas y pertinentes, se pueda reconsiderar la situación basándose en las distintas versiones propuestas por las partes”.
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