El régimen chino bajo la lupa: censura de voces críticas, muertes en custodia, desapariciones forzadas y torturas
El régimen chino enfrenta un creciente escrutinio internacional por sus tácticas represivas contra la libertad de prensa y por denuncias de perpetrar muertes arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra detenidos, particularmente en la región de Xinjiang. Mientras impone estrictas restricciones a periodistas, blogueros y medios de comunicación para controlar la narrativa sobre temas sensibles, acusaciones emergentes apuntan a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos dentro de su sistema carcelario y campos de internamiento.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos 102 periodistas encarcelados, en un aparente intento por acallar las voces críticas al gobierno del Partido Comunista Chino (PCC). Simultáneamente, informes revelan muertes en custodia, abusos físicos y psicológicos extremos, así como condiciones de detención que amenazan la vida de presos políticos, disidentes religiosos y minorías étnicas como los uigures en Xinjiang.
La represión contra los medios de comunicación ha sido implacable. Además de las detenciones de periodistas, se reporta el hostigamiento a familiares de reporteros basados en el extranjero y la imposición de estrictas regulaciones a plataformas digitales y medios tradicionales. Según Reporteros Sin Fronteras, 60 de los 102 periodistas encarcelados pertenecen a Xinjiang, lo que evidencia un patrón de represión dirigido hacia quienes critican las políticas del gobierno en esa convulsa región.
Pero las acusaciones no se limitan a la censura mediática. Informes desgarradores han salido a la luz sobre presuntas muertes arbitrarias e ilegales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por el régimen chino en el último año. En Xinjiang, numerosas familias uigures descubrieron que sus parientes murieron durante la detención en campos de internamiento o poco después de ser liberados, supuestamente como víctimas del trato recibido durante su reclusión.
Organizaciones no gubernamentales estiman que entre 55,977 y 113,407 personas fueron sometidas al programa de “Vigilancia Residencial en un Lugar Designado” (RSDL) entre 2015 y 2021, siendo sujetos a abusos físicos y psicológicos extremos, incluyendo tortura, antes de enfrentar juicios cuestionables. La situación dentro de los campos de internamiento de Xinjiang, donde minorías étnicas y musulmanas permanecen encarceladas en condiciones que han levantado acusaciones de desaparición forzada, es especialmente alarmante.
Dentro de las cárceles y centros de detención chinos, los detenidos, incluyendo presos políticos y disidentes religiosos, describen condiciones duras, degradantes y a menudo amenazantes para la vida. Reportan ser víctimas de golpizas, abusos sexuales, choques eléctricos y otros tratos crueles e inhumanos que la administración carcelaria permite que continúen con total impunidad. El caso de Zhang Zhan, cuya salud se ha deteriorado gravemente mientras cumple condena por su labor periodística durante el brote inicial de COVID-19, ejemplifica esta cruda realidad.
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