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Milei y un discurso que nos invita a pensar y actuar

Javier Milei dio precisiones de cómo encontró al Estado y expuso su plan macroeconómico (Foto: Rodrigo Nespolo/pool ARGRA)

El discurso presidencial frente a la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación sorprendió por diversas cuestiones que van desde la puesta en escena, el horario novedoso y la expectativa generada durante los días previos por los medios y desde las redes sociales.

Luego de días cargados de tensión por el conflicto desatado entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores patagónicos en torno al refinanciamiento de deudas provinciales y las amenazas de corte de suministro de gas y petróleo, primó al fin la racionalidad. Todos bajaron un par de cambios en ese juego de enfrentamientos donde, creyendo que uno gana, perdemos todos.

Javier Milei, guste o no, brindó un discurso en el que, como corresponde, dio un detalle del estado del país que recibió, trazó sus objetivos macroeconómicos, fustigó a “los que no la ven”, mostró su malestar por el rechazo cosechado por la Ley Ómnibus, atacó al concepto de estado como caja para el financiamiento de la política y fuente de corrupción; le puso por primera vez nombre y apellido a los responsables del desastre recibido; volvió a mencionar que los meses próximos no serán fáciles, hizo algunos anuncios puntuales como el cierre de la Agencia Télam o la prohibición de que políticos usen aviones privados con fines no oficiales para el escándalo y, finalmente, invitó a los gobernadores y principales líderes opositores a la firma de un pacto federal de 10 puntos el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

Deslizó también una serie de propuestas que piensa remitir al Congreso en forma de proyectos de ley con los que no puedo estar más de acuerdo por dos razones: la primera es que me parecen necesarios y oportunos, la segunda es que yo mismo -como Senador de la Nación- presenté durante mi gestión iniciativas de alcance similar o, si se prefiere, prácticamente calcadas.

Los cuatro años en los que Cristina Kirchner estuvo al frente del Senado usó a la institución para sus fines personales. Clausuró el debate y cajoneó la totalidad de los proyectos trascendentes que la oposición presentó. Así como el gobierno encerró a la ciudadanía durante la cuarentena eterna, Cristina puso bien a resguardo las llaves de la Casa de las Provincias.

En ese contexto, desde el interbloque de Juntos por el Cambio presentamos infinidad de proyectos de ley que fueron ninguneados.

En su discurso del viernes pasado, Javier Milei anunció, como si se tratara de invenciones propias, una serie de iniciativas que hace rato el radicalismo viene impulsando y que el kirchnerismo sistemáticamente se encargó de bloquear.

Prohibirle al Banco Central que financie al tesoro; no aprobarle al Ejecutivo presupuestos que no contemplen déficit cero; terminar con las jubilaciones de privilegio para el presidente y su vice; hacer realidad la democratización sindical como lo soñó Alfonsín en 1983; impulsar la Boleta Única y el concepto “ficha limpia”; declarar a la educación como servicio público esencial para que los Baradeles de la vida nunca más traten a los chicos como rehenes; ir hacia una nueva Ley de Coparticipación Federal tal como lo prometió la Constitución de 1994, son algunos de los proyectos que hoy Javier Milei saca de su galera sorprendiendo por su audacia a todos.

Todos estos proyectos que apoyo no constituyen novedad alguna. Hace años que duermen el sueño de los justos en un Congreso que vino siendo dominado por una mayoría refractaria al cambio.

Es de esperar que el paulatino cambio de la composición parlamentaria y la aceptación del convite presidencial por parte de los gobernadores y los principales líderes partidarios dé luz verde a estas iniciativas que tanto el sentido común como la nueva época política que se ha abierto reclaman.

Es de esperar también que durante su gestión y en su próximo discurso el Presidente incluya aunque sea una vez la palabra Malvinas y nos explique a todos cuáles son sus directivas en materia de política exterior con respecto al mandato soberano de nuestra Constitución.

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